Tres policías pasarán un año a prueba y un cuarto lo hará por tres años, luego de que confesaron haber irrumpido en la casa de unos ancianos y de su hijo, quien padece una discapacidad física, en el Reparto Santa Cecilia de Soyapango el pasado 9 de enero de 2016.

Según el expediente judicial del caso, ese mediodía Rigoberto N. junto a sus padres María R. y Rigoberto N.R., estaban en su casa de habitación cuando llegó un nuevo vecino a la casa de enfrente.

Por lo de la mudanza, habían estacionado un camión que bloqueaba  casi todo el pasaje, por lo que no podía pasar ningún vehículo. Rigoberto hijo, quien además tiene una discapacidad física, salió donde el vecino a pedirle que movieran el camión.

Los vecinos reaccionaron violentamente, por lo que Rigoberto decidió llamar a la Policía para que fueran ellos mismos los que pidieran que se moviera el camión. 

Al tiempo, llegaron al lugar cuatro agentes policiales, que en un primer momento ingresaron a hablar con el vecino. Sin embargo, luego salieron e irrumpieron en la casa de Rigoberto, donde estaban sus padres.

Uno de los policías le preguntó si tenía armas de fuego. Rigoberto le dijo que no, pero comenzaron a revisar toda la casa. Él les pregunto si tenían orden de allanamiento. Sin embargo, los policías continuaron con el procedimiento.

De hecho, el agente Gustavo Ortiz lo encañonó y lo amenazó para obligarlo a que le enseñara todos los cuartos de la casa. Luego de registrar todo, decidieron abandonar la casa porque no encontraron nada.

A consecuencia de esto, sus padres han visto desmejorada su salud, debido a que Rigoberto asegura que los policías continuaron hostigándolos durante varios meses.

Rigoberto espera que con estas medidas que les han dictado, los policías no vuelvan a acercarse a él y a sus padres.

Les prohíben que se acerquen a las víctimas

La vista pública sobre este caso estaba programada para el viernes pasado. Sin embargo, el juez Quinto de Sentencia de San Salvador admitió el acuerdo que existió entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de buscar una salida alterna al juicio y aprobó la suspensión condicional del procedimiento. 

Esto implica que los imputados deben cumplir reglas de conducta a cambio de que no se realice el juicio, en el que podrían ser condenados.

Así, a los agentes Carlos Omar Hernández Vázquez, Luis Ernesto Alvarado Salazar y Verónica Carolina Serrano Portillo se les impuso un año a prueba por el delito de registro y pesquisas ilegales.

Por otro lado, al agente policial Gustavo Alfonso Ortiz Juárez, de 28 años, se le han impuesto tres años a prueba, uno por el delito de registro y pesquisas ilegales y dos por amenazas con agravación especial.

Durante este periodo, los imputados no deberán acercarse a las víctimas, no deberán hostigarla, ni frecuentarla, ni acercarse a su casa. Se supone que esta estipulación no afectará su trabajo, pues todos están destacados en el 911. Sin embargo, será el reglamento de la Policía Nacional Civil (PNC), quien determinará si tendrán alguna sanción.

Por ahora, las medidas solo es para tenerlos en observación. No obstante, si alguno de ellos viola alguna de las reglas queda sin efecto la medida y se deberá instalar de inmediato el juicio.