Un socio y el representante legal de la empresa de empeños Maxiprenda deberán esperar en prisión mientras se desarrollan las investigaciones en el caso que se tiene en su contra por el delito de evasión fiscal por un monto de más de dos millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2012.

Rodrigo Enrique Rosales Espinoza, socio de la empresa y Rafael Alberto Mendoza Calderón, representante legal de la misma fueron acusados ante el juzgado quinto de paz de San Salvador, por los delitos de  defraudación al fisco y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.

Luego de una audiencia de más de 10 horas la parte juzgadora decidió que el caso pase a la etapa de instrucción y que los acusados sean enviados a prisión mientras se realizan las investigaciones.

Además se giró una orden judicial para congelar las cuentas bancarias de Espinoza y Mendoza, mientras se llega la audiencia preliminar en su contra, programada para dentro de seis meses.

Maxiprenda es una empresa que se dedica a otorgar préstamos adquiriendo como garantías diferentes bienes y tiene sus oficinas centrales en la Torre Telefónica de San Salvador.  

Los imputados fueron capturados el pasado 2 de febrero en los municipios de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, además se reportaron allanamientos en diversos lugares donde se incautó equipos informáticos, documentación contable que será la evidencia que robustecerá el delito de evasión de impuestos.

Mario Machado, abogado de uno de los implicados señaló que la acusación fiscal se basa en un informe de un contador, sin haber terminar la fiscalización. "La fiscalia quiere  hacer ver un hecho administrativo que tiene que haberse hecho una fiscalización  lo han pasado a materia penal para presionar un pago y le están cobrando a personas que no han realizado ningún tipo de acción por parte de la sociedad sino que han tenido la calidad de representantes legales, en algún momento", señaló Machado.

El abogado además dijo que la fiscalía les sumó el delito de falsedad, debido a documentos del registro de comercio que fueron encontrados en un allanamiento, de los cuales aseguró que han entregado "la certificación del registro, a quién le entregaron las hojas y de qué libro son y consta toda la documentación legal de que son propiedad de una persona que ya ha establecido su uso y no tiene nada de delictivo"