“Yo era un hombre normal, todavía era sano cuando entré a un centro penitenciario todavía no logró aceptarlo. Estoy en tratamiento crónico por insomnio severo y depresión moderada”, son las palabras de William Alberto Pérez Jerez, un médico pediatra de 50 años de edad, quien fue condenado a 30 años por el delito de secuestro en 2000. Su estadía en la cárcel ha sido dura y producto de las malas atenciones de salud desarrolló un síndrome que lo llevó a estar postrado en una silla de ruedas.

Antes de llegar por primera vez al sistema penitenciario era un médico particular y atendía pacientes en los hospitales públicos del país, tenía una familia que lo respaldaba y vivía alejado de los problemas hasta que se juntó con un grupo de hombres que lo indujeron a participar en el secuestro de un empresario salvadoreño. A principios de siglo los secuestros era uno de los delitos más comunes y en algunas ocasiones muchas las víctimas eran asesinadas.

En junio de 2003, Pérez Jerez estaba siendo procesado por divulgar información que permitió el secuestro del empresario Demetrio Reyes cuando este se dirigía al gimnasio. La víctima señaló, en ese entonces, que mientras se bajaba de su vehículo fue amenazado por cuatro sujetos que se cubrían el rostro con gorros navarone. Luego, lo subieron en un pick up y lo llevaron hasta unos cañales de San Vicente donde lo mantuvieron cautivo.

Los secuestradores pidieron un rescate y horas más tarde realizaron el intercambio en el municipio de San Luis Talpa, La Paz. Sin embargo, William siempre se mantuvo firme al decir que era inocente de haber realizado y señaló que la víctima se contradecía, pero aun así fue condenado.

De hecho, finalmente fue condenado por dos secuestros distintos, uno por ser coautor y otro por ser cómplice no necesario; en el primero se le adjudicó 22 años y por el otro ocho, haciendo un total de 30.

“Yo sabía el cometimiento del hecho que se iba a realizar y no lo denuncié porque en ese momento no consideré el riesgo que podría correr mi familia sin prever que era un hecho punitivo y que iba a recibir el peso de la ley por eso”, señaló. 

“Yo no participé en la planeación del hecho yo simplemente supe que lo iban a hacer y las palabras fueron: ‘Mire doctor ya que usted lo sabe, si usted lo quiere denunciar, denúncielo; usted evalué, todo tiene consecuencias’”, recordó. 

Ahora, lleva bien contados el tiempo que ha pasado en prisión: 17 años con 4 meses. Es un largo tiempo que se dice en pocos segundos, pero que lo ha dejado marcado para siempre.

La llegada a prisión

Él llegó al sistema penitenciario cuando este todavía era reinado por bandas delincuenciales y cuando las enfermedades contagiosas debido al hacinamiento florecían en las paredes.

Con tan solo 33 años, él ya sabía lo que era estar tras las rejas y con el tiempo su vida cambió por completo, al quedar en una silla de ruedas, debido a que padece el síndrome de Devic, una enfermedad degenerativa que daña el sistema nervio óptico y la médula espinal.

Contar cómo su cuerpo se enfermó hasta el punto de llegar a una silla de ruedas es un tema que no quiere recordar. Solo se remite a contar que en el 2008, cuando estaba recluido en el centro penal de Usulután, solicitó atención médica a las autoridades penitenciarias, pero tras varias semanas de espera, ya era demasiado tarde para resarcir el daño ocasionado.

“Me aferro a la vida a pesar de que perdí a mis hijas, tuve un divorcio, muchos traslados de los centro penales, maltratos; yo sigo aferrado a la vida porque a pesar de estar pagando un hecho punitivo, hay gente honorable que vela por los derechos humanos“, afirmó.

Debido a su enfermedad fue traslado al centro penitenciario “La Esperanza”, conocido como “Mariona”, donde le brindarían una mejor atención, que asegura aún no ha recibido.

En 2011, la Sala de Constitucional conoció de su caso y emitió un habeas corpus donde se demostró el daño físico que la enfermedad le había provocado  y ordenaba al Estado a atender sus necesidades médicas con prontitud, pero él asegura no tener las atenciones necesarias. Por lo que se amparó en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quienes concluyeron la provocación de un “daño irreparable por el Estado”.

“Estoy en tratamiento crónico por insomnio severo y depresión moderada, tengo hasta musicoterapia para poder conciliar el sueño, me han lesionado psicológicamente porque ya casi no duermo a pesar el tratamiento intensivo en el que estoy”, reclamó angustiado y molesto al mismo tiempo.

Una nueva lucha

A principios del 2018, el gobierno salvadoreño inauguró el Centro Integral de Salud para Privados de Libertad en Santa Ana con el objetivo de recluir a los cientos de reos enfermos que tiene el sistema penitenciario para brindarles la atención médica necesaria para cada cuadro clínico. Uno de ellos fue William que el 18 de agosto fue traslado desde “Mariona”, pero explicó que este no reúne los insumos necesarios para la atención médica.

Pero no es su única demanda ya que el pasado 28 de octubre fui víctima de otro reo quien lo golpeó en la cara sin tener un motivo claro. La agresión en el rostro vino a empeorar su cuadro clínico ya que el ojo dañado fue afectado por el síndrome que al mismo tiempo lo ha dejado parapléjico.

Por eso, ahora busca que se haga justicia con su agresor. El hecho llegó a los oídos de las autoridades quienes señalan que se ha iniciado una investigación para el personal de seguridad que permitió que esto sucediera.

El director de centros penales, Marco Tulio Lima, aseguró que se pretende dar un respiro al hacinamiento carcelario liberando a aquellos reos que están en fase terminal monitoreados a través de un sistema de brazaletes para mantenerlos en vigilancia.

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