“Estoy contento y satisfecho, creo que todo saldrá bien”, le escribió Gilberto Soto a Luisa Teresa Lange, en un correo electrónico fechado a mediados de octubre de 2004. Pero nada saldría bien. Por el contrario, la cuenta regresiva hacia el día de su asesinato había comenzado.

Sin embargo, en aquél momento sí tenía motivos para estar contento. No solo porque dentro de un par de semanas viajaría a su tierra natal, El Salvador, donde entre otras cosas celebraría su cumpleaños número 50 junto a su madre y su hermana, sino también porque una mirada hacia atrás le aseguraba que ese medio siglo de vida había valido la pena.

En 1975, siendo un joven empleado de un banco en Usulután, decidió emigrar hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. No fue fácil. Aunque en El Salvador había terminado sus estudios de bachillerato, carecía de conocimientos especializados y ya en Nueva Jersey tuvo que arreglárselas con trabajos modestos. Comenzó como recogedor de basura, mesero, ayudante de cocina y jardinero, hasta que en 1985 logró estabilizarse como obrero en una fábrica de fusibles. 

Ahí se unió a la International Brotherhood of Teamster, IBT, uno de los sindicatos más poderosos de Estados Unidos y del mundo. En poco tiempo se convirtió en delegado de taller, y siete años después en presidente de la representación local del sindicato. 

Retomó los estudios académicos y obtuvo la licenciatura en ciencia política en Kean University. En 2000, los Teamsters lo nombraron representante de la división portuaria para Nueva Jersey, Nueva York y Nueva Inglaterra. 

Justo por esas fechas, los problemas entre los trabajadores portuarios del transporte y la poderosa empresa naviera transnacional Maersk Sealand, de origen danés, se agudizaron en Estados Unidos. Los transportistas reclamaban mejorías en las condiciones de trabajo, y las protestas fueron muy intensas.

Gilberto Soto fue uno de los organizadores de esas batallas, especialmente en el puerto Elizabetht, en Nueva Jersey, donde Maersk tenía sus oficinas centrales para toda América. 

Uno de los objetivos de Soto, casi una obsesión, era encontrar una manera de extender hacia El Salvador su actividad como organizador sindical, y un incidente le ofreció esa posibilidad.

El año 2001, en El Salvador, 152 transportistas de furgones fueron despedidos por una subsidiaria de Maersk, la Bridge Intermodal Transportation, cuando intentaron negociar un contrato colectivo de trabajo. Problemas similares se habían registrado en Honduras y Nicaragua con la misma empresa. 

Desde enero de ese año, los trabajadores afiliados al Sindicato Salvadoreño del Transporte intentaron en vano dialogar con los representantes de Maersk. A mediados de agosto, en protesta por la negativa al diálogo, 300 choferes detuvieron sus furgones cera de la frontera de Anguiatú durante tres horas. El paro causó un enorme congestionamiento y el retraso de cientos de furgones en ruta.

La reacción del gerente de Maersk en El Salvador, Ned Brantly, fue similar a la que la transnacional tuvo en Estados Unidos, donde acusó de terrorismo a los trabajadores descontentos. Los transportistas salvadoreños en huelga también fueron llamados delincuentes y terrorista por Brantly. 

Gilberto Soto vio su oportunidad. Supo que un sindicato danés, el SID, había intercedido entre los transportistas salvadoreños y Maersk, y se propuso construir un vínculo de cooperación entre el SID y los Teamsters. A principios de 2004 se reunió en Nueva York con Bjame Larsen, representante del SID para América Central.

Larsen y Soto diseñaron juntos un proyecto para documentar las violaciones de los derechos de los trabajadores centroamericanos por parte de Maersk. Soto cumpliría esa misión en el terreno. Larsen le proporcionó el contacto con Luisa Teresa Lange, quien supervisaba desde San Salvador los proyectos sociales que el SID desarrollaba en Centroamérica, y que eventualmente apoyaría a Soto en su agenda de trabajo en la región.     

La preparación de esa agenda, actividad a la que finalmente se sumó el Centro de Estudios y Apoyo Laboral de El Salvador, CEAL, comenzó a mediados de octubre de 2004 y fue manejada con suma discreción por los involucrados. Era preciso que nadie más conociera esa bitácora.

Para ese momento, ya el deseo de extender el trabajo de los Teamsters, más allá de la frontera de Estados Unidos, había dejado de ser una cuestión personal de Gilberto Soto. Chuck Mack, director de la división portuaria del sindicato, se lo confirmaría a la Revista Zeta: “Contra las corporaciones multinacionales no se lidia solo con batallas nacionales, y ya estamos coordinando con los trabajadores centroamericanos y de otros países”.

En aquél correo electrónico que Soto envió a Luisa Teresa Lange, y que luego sería integrado al expediente judicial, Soto dice lo siguiente:

“En Centroamérica y Estados Unidos tenemos los mismos problemas con la naviera más grande del mundo, Maersk. En EU utilizan una ley antimonopolio que es nuestro mayor problema, y en Centroamérica utilizan su influencia capitalista para violentar los derechos laborales y humanos. Debo saber si los camioneros allí están sindicalizados o no, cuáles son los obstáculos que enfrentan, y cómo lidian con las condiciones de trabajo... La idea es buscar estrategias para lograr justicia laboral y económica”

En ese correo también se detalla el calendario de reuniones ya pactadas con camioneros en El Salvador, Honduras y Nicaragua, que se realizarían entre el 8 y el 16 de noviembre de 2004.

Gilberto Soto estaba por realizar uno de sus mayores sueños, y por eso estaba “contento y satisfecho”. Pero en su vida había una sombra. Dos años antes se había casado con Elba Marítza Ortiz, una empleada bancaria de 36 años, también originaria de Usulután. Y el matrimonio pasaba por una crisis muy aguda.

En septiembre de 2003, casi un año después de la boda, Carlos Chacón, casado con una hermana de Soto, había llegado de El Salvador a visitarlo en Nueva Jersey. Chacón contó después a los investigadores que, en su presencia, Soto recibió una llamada de su esposa en su teléfono móvil. Más que una conversación fue una riña.

Luego de cortar la comunicación, Soto le dijo a su cuñado que ya no soportaba los celos de Elba Maritza, y que pensaba divorciarse. Acto seguido le hizo escuchar un mensaje de voz que ella había dejado en el buzón telefónico: “Sos un mal parido hijo de puta, a saber con qué perra te estás revolcando”. Y quién sabe si los celos de aquella mujer eran menos peligrosos que la voracidad de una transnacional.

El día que lo mataron

Gilberto Soto arribó al aeropuesto internacional salvadoreño al mediodía del sábado 30 de octubre de 2004. En la sala de llegadas lo esperaba su primo, Salomón Alejandro Soto. Abordaron el auto de este último, y recorrieron unos cuantos kilómetros rumbo al puerto de La libertad, donde comerían mariscos en un restaurante de playa. 

Esa noche, Soto se hospedó en la casa de su primo, en San Salvador. Por la mañana le comento que en los días siguientes viajaría a Nicaragua y Honduras, para lo cual rentaría un auto. El primo le ofreció prestarle una camioneta y le facilitó además un teléfono móvil. Los primeros intentos de comunicarse con Luisa Teresa Lange fueron infructuosos.

El lunes, Soto salió temprano hacia Usulután, conduciendo la camioneta prestada. Llegó a tiempo para almorzar en la casa familiar junto a su madre, doña Lidia Rivas, su hermana Elsy Arely y su cuñado Carlos Chacón.

Entre ese lunes y la tarde del viernes 5 de noviembre, la bitácora de Soto no registra circunstancias dignas de comentarios especiales, excepto quizá un detalle no verifica en plenitud pero que consta en el expediente judicial: Soto habría tenido una amante secreta en Usulután, pero la dama en cuestión tenía marido y este, al igual que el sindicalista, residía en Estados Unidos. 

Fue Carmen Nieto, trabajadora doméstica de la familia Soto, quien reveló esta circunstancia a los investigadores. Ella aseguró que, la noche del velorio del sindicalista, la mujer se le acercó y le contó de esa relación clandestina. Le dijo además que en este viaje solo habían podido tener intimidad una vez, y que él le había regalado 200 dólares. Interrogada por la policía posteriormente, aquella mujer negó los hechos y alegó que todo había sido una mala interpretación de Carmen Nieto.

Hay otro suceso a tomar en cuenta. Ocho meses antes, en marzo, Soto fue invitado por el FMLN como observador en las elecciones presidenciales que finalmente ganaría el partido ARENA. En aquella ocasión, en la ciudad de Jiquilisco y el mismo día de los comicios, Soto había tenido un acalorado altercado con un activista arenero, a quien acusó de intentar sobornar a los votantes. Pero, según todos los testimonios consignados al respecto, el incidente no fue más allá de unos cuantos gritos entrecruzados.

El viernes fatal, Gilberto Soto se puso un jeans azul y una camisa sport color beige. Salió de la casa de su madre a las ocho de la mañana rumbo a la comuna municipal, donde se reunió con el alcalde, Francisco Escobar, para coordinar la entrega de unos donativos para la comunidad que había conseguido en Nueva Jersey.

Poco más de dos meses después del crimen, el 11 de enero de 2005, la doctora Beatrice Alamani de Carrillo, directora de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, al denunciar las irregularidades de la investigación policial, declaró al diario Colatino lo siguiente: “Es grave que no se haya mostrado un mínimo siquiera interés por investigar al alcalde Usulután, quien estuvo platicando con Gilberto Soto, y puede decirse que fue el último en verlo antes de que fuera asesinado”.

El punto tiene importancia porque la PDDH ha jugado un papel relevante en el caso, porque el mencionado alcalde es miembro del FMLN, partido con el cual colaboraba el sindicalista desde los años 80, y porque lo dicho por la doctora de Carrillo no es cierto, al menos en ese punto específico. Según los testimonios de la familia de Soto, el encuentro con el alcalde se realizó en efecto en horas tempranas de la mañana y fue fugaz. La investigación posterior por otra parte demuestra que no fue ni de lejos el último que lo vio con vida.

Al salir de la alcaldía, Soto se dirigió a Nueva Guadalupe, un pueblo cercano, a visitar unos parientes. A las cinco de la tarde ya estaba de nuevo en Usulután. Antes de ir a casa pasó por la pupusería Ofelia, en el centro de la ciudad. Ahí se encontró con un antiguo conocido, Orlando Handal, sobrino del dirigente histórico del FMLN Schafik Handal. 

El sindicalista llamó por su móvil a otro amigo, Raúl Solórzano, para pedirle el número telefónico de un tal Roberto Portillo. Ya casi eran las seis de la tarde cuando a Soto le entregaron las pupusas que había encargado, y se despidió de Handal. 

En esos momentos, Esteban Segovia, custodio del centro penitenciario de Usulután, recibió el turno de vigilancia del garitón seis, el cual está ubicado justo frente a la casa de la madre del sindicalista. Desde la torre de vigilancia, Esteban Segovia vio llegada de la camioneta  del mismo y observó cómo la aparcó en el garaje.

Sotó platicó con su madre y su hermana unos minutos. Luego marcó un número en su móvil. En la ciudad de San Miguel, Roberto Portillo tomó la llamada y el corazón le dio un vuelco al escichar la voz de su viejo amigo, con el que había trabajado en un banco hacía unos 30 años, y al cual no había vuelto a ver desde entones. Gilberto le dijo que no escuchaba muy bien y que saldría a la calle para buscar una mejor recepción en la comunicación. 

Esteban Segovia seguía en la torre de vigilancia, y vio salir al hombre a la acera. No lo conocía, pero imaginaba que era hermano de Elsy Arely, quien trabajaba como psicóloga precisamente en el centro penal. De pronto, el custodio vio que tres jóvenes se le acercaban al hombre y luego oyó los disparos. ¡Ay dios mío, ay!, fue lo último que escuchó Roberto Portillo en el teléfono. 

Esteban Segovia vio correr a los tres jóvenes con rumbo norte, y uno de ellos llevaba una pistola en la mano.

La versión oficial

La investigación de la policía y la fiscalía concluyó que fue la esposa de Gilberto Soto quien lo mandó a matar. Lo siguiente es una apretada síntesis, en mis palabras, de esa hipótesis que, bajo el título de Relación circunstanciada de los hechos, fue suscrita el 3 de diciembre de 2004 por los fiscales Allan Hernández y Jaime Cruz, según consta en la tercera pieza del expediente judicial.

Desesperada por un trato conyugal violento, pero también interesada por cobrar los 250 mil dólares del seguro de vida de su marido, Elba Maritza Ortiz, residente en Nueva Jersey, le habría pedido a su madre, Rosa Elba Zelaya, residente en Usulután, que aprovechando el viaje de Soto a El Salvador, contratara un sicario para que lo matara. 

Casi dos semanas antes del crimen, el 22 de octubre, doña Rosa, de 59 años y propietaria de un pequeño puesto de cereales en el mercado de Usulután, le planteó el asunto a su amigo Luis Guzmán, de 52 años y también comerciante de cereales. Ocho días después, don Luis llevó al puesto de doña Rosa a Santos Sánchez, de 26 años, quien había estado de alta en el ejército y tenía fama de pistolero. Doña Rosa y Santos negociaron y convinieron el precio de  dos mil dólares, pagaderos inmediatamente después de hecho el trabajo.

Santos recibió entonces, de mano de doña Rosa, una fotografía de Gilberto Soto y, manuscrita en el reverso de la misma, la dirección de la casa de la madre de este. Santos Propuso el negocio a tres pandilleros de la zona: Herbert Ramírez, de 21 años, Sergio Martínez, un menor de edad que jamás fue capturado, y Wilson Rivera, de 19 años. 

Los dos primeros aceptaron. Wilson no estuvo de acuerdo, pero sí les prestó a sus compinches su revólver Taurus calibre 38, y también les vendió en 20 dólares su bicicleta montañesa color azul y rojo. Los sicarios comenzaron a vigilar la casa de la madre de Soto. El día del golpe, los tres se apostaron cerca del lugar, y fue Herbert quien disparó en tres ocasiones, acertando solo en dos de ella, en el cuello y la espalda de la víctima.

Al día siguiente, Santos fue a reclamar el pago a don Luis. Este habló con doña Rosa, quien a su vez llamó por teléfono a su hija para que enviara el dinero. Elba Maritza le dijo que lo tendría hasta un mes más tarde cuando cobrara el seguro. Santos, sin embargo, no estaba dispuesto a esperar tanto tiempo, y le advirtió a don Luis que él tenía que responder o atenerse a las consecuencias. Finalmente le dio un plazo perentorio de dos días para pagar.

Asustado, don Luis presionó a doña Rosa. Ella, declarándose incapaz de reunir el dinero, le pidió que le consiguiera un préstamo para salir del paso, bajo la promesa de que cuando su hija cobrara el seguro le daría cinco mil dólares por toda su ayuda. Don Luis solo pudo conseguir mil quinientos por medio de una prestamista, Juana Mejía. Pero convenció a su esposa para que sacara de su cuenta de ahorros los otros quinientos dólares. Así pudo pagarle a Santos.

Eso era lo que había sucedido, según la policía y la fiscalía. Pero no todos creyeron esa versión. En esa historia encontraban demasiadas cosas que no encajaban, tanto o más graves que los gruesos errores cometidos por la policía local de Usulután en la escena del crimen.