El juez del Tribunal Quinto de Sentencia tenía programado dar el fallo en el caso en contra de dos mujeres acusadas de extorsión, quienes han señalado que fueron detenidas de manera irregular y aseguran sus policías captores les implantaron pruebas.

Sin embargo, ante las repetidas denuncias que ha hecho la familia de las dos imputadas, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) envió un informe al tribunal en el que aseguraba que ellos verificaron el libro de personas detenidas de la Unidad de Investigación del Delito de Extorsión de la PNC y encontraron inconsistencias, principalmente porque la fecha que aparece en los libros es distinta a la que se el acta de remisión de la  detención de ambas acusadas que hizo la PNC.

Este ha sido uno de los principales argumentos de la familia de ambas imputadas, quienes han señalado que los policías capturaron a las mujeres el 12 de mayo 2016. Sin embargo, en papeles aparece que fue el 13.

Según la familia, en ese tiempo entre la verdadera captura y la que se da en papeles fue que los policías implantaron las pruebas.

Con esta información, el juez decidió prolongar su  fallo y corroborar esos nuevos datos que llegaron al tribunal. Aseguró que pedirán el libro de personas detenidas de esa fecha a la Unidad de Investigación del Delito de Extorsión de la Subdirección Central de Investigaciones de la PNC.

Pidió a la Fiscalía que haga estas diligencias para obtener el libro y que sea de manera urgente, para que este sea incorporado al juicio y decidió reabrirlo solo para que las partes conozcan esta nueva prueba. “Esta información servirá para consolidar de mejor manera el fallo”, argumentó el juez en la vista pública.

Asimismo, estableció como fecha para que continúe el juicio el próximo 7 de julio, en el que se espera se incorpore esa nueva prueba. Posteriormente, dará a conocer el fallo.

Rosa Z., de 20 años, y Ana A., de 23, están siendo acusadas por presuntamente haber realizado una extorsión por $5,000.

Sin embargo, ellas y sus familias han llevado una lucha a lo largo de más de un año entre denuncias a la Fiscalía, Policía, Procuraduría de Derechos Humanos e incluso interpusieron un amparo ante la Sala de lo Constitucional alegando que las dos mujeres fueron víctimas de cinco policías que cometieron fraude procesal para inculparlas en un delito de extorsión.