Como todos los días un hombre joven salió a ganarse el pan honradamente como vendedor rutero, pero en uno de esos días fue interceptado por 9 mareros que, a punta de pistola, lo obligaron a entregar el dinero producto de las ventas. La compañía le hubiera descontado $1,500 (la cantidad hurtada) por lo que no tuvo más opción que presentar la denuncia a la PNC que posteriormente capturó a los sospechosos.

Cinco de 9 involucrados fueron llevados esta semana ante tribunales pero el ofendido no se hizo presente y envió un escrito explicando que desistiría de seguir el juicio ya que teme por su vida al encontrarse aún 4 de sus atacantes en libertad.

Los hechos sucedieron el 4 de julio de 2015 cuando Amílcar (nombre ficticio) se desplazaba por tiendas del municipio de San Marcos, en San Salvador, dejando el producto de su empresa.

A la altura de Lomas de Candelaria del referido municipio, nueve sujetos lo interceptaron aprovechando que realizaba un alto con el vehículo que conducía.

A punta de pistola el vendedor fue arrinconado en la calle y a la luz del medio día, y con testigos presentes, los delincuentes lo amenazaron para obligarlo a entregar sus pertenencias. 

Los sujetos despojaron a su víctima de $1,500 en efectivo, además, de una cadena de oro, un reloj y un celular de última generación.

Posterior al atraco los sujetos salieron huyendo no sin antes advertir al repartidor rutero que no intentara nada en contra de ellos. 

El ofendido presentó la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), ya que de no ser así la empresa para la que trabajaba iba a descontarle de su sueldo los $1,500 que le fueron despojados.

Amílcar proporcionó las características de sus asaltantes, a quienes este incluso conocía por el alias, debido a que tenía bastante tiempo de llegar a la zona a trabajar. Además manifestó que estos eran miembros de la mara 18. 

La denuncia alertó a la policía que comenzó a realizar patrullajes para lograr la captura de los asaltantes quienes fueron aprehendidos en marzo del presente año en una redada realizada en el municipio de Santo Tomás.

El principal problema que tiene ahora el ministerio público es la ausencia de Amílcar, quien dejó de compadecer ante la justicia, pese a gozar del régimen de protección.

En un escrito proporcionado por la PNC, el investigador manifestó que la víctima se negó a rendir una nueva declaración por temor a que los que están en libertad tomen represalias en su contra.

Ante esta situación, el juzgado Quinto de Sentencia decidió dar un plazo para que la representación del ministerio público logre localizar a la víctima y convencerlo para que se presente a realizar su declaración. De no ser así, sus atacantes –que han sido identificados- volverán libres a las calles.