El plan “Super mano dura” que tenía previsto reforzar el combate a la delincuencia fue utilizado como pantalla para que funcionarios de la última administración de ARENA en el Gobierno pudieran desviar fondos sin dar muchas explicaciones.

La investigación realizada por el departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha detectado estas anormalidades ocurridas entre 2004 y 2009, sentenció el magistrado Sidney Blanco.

Durante su presentación en agosto de 2004, Saca prometió que con el plan "Súper mano dura" frenaría el accionar de 17 mil mareros de aquel entonces, con un dispositivo que según información de medios de ese tiempo detalló que se usó el 65% de los recursos de la Policía Nacional Civil. 

A más de 12 años de ese hecho, Blanco describe una realidad distinta ya que “la distribución de dinero -justificado para este programa- fue a personas que no estaban involucrados en temas de políticas de seguridad como se aseguró en aquellos días”, recordó Blanco al referirse al tema.

Las investigaciones realizadas señalan que el exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix, fue una pieza clave en el desvío de fondos y recordó que el caso "causó tanta repugnancia a la Sala de lo Constitucional que la Corte en Pleno votó a favor de la investigación".

Blanco reveló que "a nombre del expresidente Saca se libraron más de $ 15 millones", además de que el secretario privado de la Presidencia recibía un pago de $5,000 por administrar cuentas bancarias.

"Todos quieren ser funcionarios público porque es la manera de enriquecerse", resumió Blanco la situación de exfuncionarios que son procesados actualmente por haber hecho un mal uso del dinero del Estado.