Los propietarios de industrias Ferreti fueron absueltos de un proceso judicial iniciado por una empleada la cual, molesta porque la habían señalado en un periódico de haberse apropiado $10,000, los acusó de haber montado una campaña de desprestigio en su contra por no acceder a las pretensiones sexuales del administrador del negocio.

En abril de 2015, la administración de Industrias Ferreti publicó en un medio escrito un anuncio en el que señalaba que la ejecutiva de ventas de dicha sociedad se había apropiado $10,000 producto de las ventas realizadas a una de las empresas que figuraban entre sus clientes.

La exempleada, identificada como Katy Rosalba Sibrián de Campos, asegura que Carlos Alberto Samour Castro, el administrador de la empresa para la que trabajó durante dos años, le aseguró que le iba a dar una muerte civil por haberlo rechazado y que nunca podría volver a trabajar como vendedora en ninguna otra compañía.

Durante los primeros tres meses del 2015 la relación laboral entre Sibrián de Campos y Samour sufrió un quiebre irreversible que llevó a la ejecutiva de ventas a presentar su renuncia.

El empresario rechazó la renuncia de su vendedora, a quien reclamó que uno de sus clientes les debía $10,000 y que ella tenía que responder por esa deuda.

A pesar de la advertencia hecha por su jefe la empleada abandonó la empresa, pero este ordenó la publicación de un campo pagado en un medio escrito para dar a conocer a sus clientes la situación que se tenía con Sibrián de Campos.

Al mismo tiempo abrieron un proceso judicial en contra de la mujer por el delito de estafa, ya que aseguran que la mujer se valió de la confianza que ellos le depositaron para beneficiarse de las ventas realizadas en una de las cuentas a su cargo entre 2013 y 2015.

En el testimonio de acusación brindado ante el juez la exejecutiva de ventas aseguró que las acciones realizadas en su contra se deben a que rechazó a su jefe, quien –según ella- "tiene la costumbre de llevarse a la cama a sus empleadas”.

Además argumentó que presentó su renuncia en abril de 2015 debido a que no se le había cancelado su salario correspondiente al mes de marzo, así como varios meses de viáticos por combustible y las vacaciones anuales.

Durante la vista pública la mujer declaró que varios de sus compañeros de trabajo le manifestaron que al hablar de ella Samour les decía abiertamente: “a esta hija de puta no la puedo dominar”, y que la frustración del empresario se hizo evidente cuando ella lo enfrentó para reclamar por sus derechos supuestamente violentados.

“Cuando renuncié me dijo que su apellido pesaba y que me iba a dar una muerte civil”, aseveró la exempleada, quien explicó que con ello su jefe se refería a que no le permitiría conseguir trabajo en otras empresas.

Según la mujer, las influencias de Samour le han impedido encontrar un nuevo empleo, lo cual la ha obligado a abrir una tienda en su casa para percibir algún tipo de ingreso.

La ofendida presentó la denuncia en la Fiscalía por el delito de amenazas, pero un juzgado de Instrucción de Soyapango sobreseyó a Samour y cambió la tipificación del delito por difusión ilegal de información enviando el caso a vista pública a un tribunal de San Salvador.

El juez del tribunal Tercero de Sentencia absolvió de toda responsabilidad a Samour, quien había sido demandado junto a su padre -el dueño de la empresa-, debido que la Fiscalía General de la República no presentó suficientes elementos para comprobar la culpabilidad de los acusados.