El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, afirmó que el exfiscal general de la República, Luis Martínez, recibió $190,000 en concepto de viáticos por viajes realizados durante los tres años que estuvo en el cargo.

Blanco detalló que muchos de los viajes hechos por el exfuncionario y que fueron considerados como oficiales, en realidad fueron de placer y de negocios. “Es un escándalo que haya recibido este dinero por sus viajes”, remarcó.

“La Corte considera inaceptable las justificaciones que ha presentado, ya que el dinero recibido no tiene respaldo legal”, manifestó el magistrado, tras considerar que el tema es algo que se debe ser abordado con mucha cautela.

“Estamos ante un tema muy delicado, que el Estado entrega dinero en efectivo a los funcionarios y advierte que no ingresen este dinero para no pagar impuestos”, valoró Blanco, quien recordó la precaria realidad que se tiene en escuelas, hospitales y seguridad.

“El Estado patrocina a funcionarios con grandes sobresueldos, mientras el pueblo salvadoreño adolece de grandes carencias”, remarcó el funcionario durante su programa en radiocadena Mi Gente.

“No hay que discutir nada; desde el momento que se dice que el dinero no tiene respaldo esto está fuera de la ley”, aseguró el magistrado al referirse a la orden de abrir un juicio civil contra Martínez por el delito de enriquecimiento ilícito.

Para Blanco el problema de fondo es que “pese a recibir este dinero es poco el avance que se puede percibir en materia de educación, seguridad, salud o empleo, por lo que el país sigue teniendo los mismos problemas”.

El magistrado también reprochó la actitud del sistema bancario del país quien –a su criterio- “se ha prestado para negocios ilícitos de lavado y operaciones criminales”, ya que son pocos los informes que llegan a las instituciones del Estado para advertir de movimientos sospechosos.

De acuerdo a este escenario, el magistrado de la Sala de lo Constitucional concluyó que, pese a una sentencia de la CSJ para que se use el dinero del Estado en lo que la ley establece, “no se ha cumplido con lo dicho en la sentencia y ha perjudicado a la población”.