La Fiscalía General de la República anunció esta tarde que logró que se inmovilizaran inmuebles, vehículos y cuentas bancarias propiedad de la empresa minera Oceana Gold, para garantizar el pago de la deuda que tienen con El Salvador.

Según lo anunciado por el ministerio público, lo embargado sería tomado como garantía para el pago de los ocho millones de dólares que Oceana Gold tendría que asumir como consecuencia de los gastos en los que ha incurrido el país en el litigio legal que se tuvo por varios años.

A inicios de marzo, la Fiscalía salvadoreña presentó la petición ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en la que se solicitaba inmovilizar nueve inmuebles, todos ubicados en San Isidro, Cabañas, lugar donde habían solicitado el permiso para la exploración y explotación minera. Además de tres cuentas bancarias con 198,904 dólares y siete vehículos, la mayoría todoterreno.

La empresa fue sido condenada a pagar ocho millones de dólares, en octubre anterior, en concepto de costos procesales incurridos por el Estado salvadoreño desde que había iniciado el proceso. El CIADI también se pronunció para que la empresa minera pague además los intereses, por el impago de la sentencia.

El 14 de octubre de 2016, Pacific Rim perdió el proceso judicial que había abierto contra el Estado salvadoreño por 248 millones de dólares, argumentando que se le habían vulnerado sus derechos comerciales al prohibirle la exploración y explotación minera en territorio nacional.