El juzgado especializado de Instrucción A instaló esta mañana la audiencia preliminar por el caso de tregua entre pandillas ocurrida en marzo de 2012 y donde se determinará si los 17 implicados pasan o no a juicio, además de definir si se mantienen las medidas sustitutivas a la detención.

La jueza determinó quitar la reserva al caso porque la gente tiene derecho a saber lo que sucede en el desarrollo.

Uno de los defensores informó que la Fiscalía pretende cambiar el delito de falsedad material a actos arbitrarios, según él, porque en la etapa de instrucción no se ha logrado fundamentar las acusaciones para que el caso pase a juicio.

Este cambio será solicitado como incidente y se pretende que aplique a los imputados que fueron funcionarios públicos, es decir que trabajaron para la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

@paololuers se encuentra a la espera del inicio de la audiencia preliminar en caso tregua @DiarioTIMES pic.twitter.com/on0Tf0hScm

— Teresa Andrade (@Trxandrade) 17 de mayo de 2017

Durante el primer día se inició la presentación del caso por parte de la Fiscalía quienes reprodujeron una serie de audios y videos en los que se fundamenta su presentación en esta etapa del proceso; sin embargo los audios presentaban ruido lo que impedía escuchar con claridad.

La defensa se pronunció y aseguró que "los vídeos y audios presentados son insuficientes porque no demuestran nada, no se entiende lo que dicen y algunos no tienen relevancia en el caso", explicó uno de los abogados defensores, Rolando Aparicio.

La jueza del caso ordenó la suspensión de la audiencia a las 4:00 de la tarde la cual se reanudará el jueves a las 8:30 de la mañana.

Los delitos que les acusan

Será el Juzgado Especializado de Instrucción "A" de San Salvador que conocerá el caso contra los 17 imputados, siete de los cuales gozan de medidas alternas a la detención, mientras el resto guarda prisión.

A los acusados se les señalan los delitos de agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y actos arbitrarios.

Entre los imputados están Nelson Rauda, exdirector de la DGPC; Juan José Zepeda Mejía, exdirector del penal de Izalco; Raúl Mijango, quien fungió como mediador entre los criminales; Sara Encarnación Hernández Orellana, Margoth Ivania Tobar de Mendoza, Clara Maribel Linares de Escobar y Maricruz del Carmen Hernández de Pacheco, todas ellas miembros del consejo criminológico.

El caso surgió luego que se conociera que en marzo de 2012 los cabecillas de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 pactaron una tregua en el número de asesinatos cometidos en el país a cambio de obtener beneficios carcelarios como ir a penales de menor seguridad y poder tener aparatos electrónicos para comunicarse entre ellos y con otros que están en libertad". 

La relevancia de este caso radica en los beneficios que supuestamente recibieron los pandilleros en la cárcel que lo único que provocó fue que los cabecillas de más alto rango retomarán el control de las clicas que operan en libertad y con ello aumentaron los delitos.