• Diario Digital | Viernes, 21 de Julio de 2017
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EL Salvador no está preparado para repatriar a sus connacionales

EL Salvador no está preparado para repatriar a sus connacionales

Aunque es difícil imaginar una deportación de salvadoreños mayor a la de Obama sin que genere protestas masivas en Estados Unidos, el número de deportados llegando a El Salvador demuestra que está en pie un sistema de deportación dirigido a satisfacer al ingenuo y xenofobico electorado de Donald Trump.  Lo impredecible del por hoy presidente no es lo critico, sino la falta de preparación de El Salvador para recibir a sus connacionales, que desde siempre ha considerado hermanos Lejanos. Ni el gobierno, ni la sociedad, ni sus propias familias están preparadas para recibir a estos deportados. El sustento directo y sostenido a la familia y comercio salvadoreños, está lejos de tener un reconocimiento digno, fraterno y provechoso en la tierra que los obligó a partir un día.

La prórroga del Estatus de Protección Temporal que los salvadoreños obtuvieron del Congreso de EEUU a fuerza de lucha de calle y cabildeo durante los años de la guerra civil, podría terminarse en enero del 2018.  Desde el gobierno de George Bush padre, dicha prórroga ha sido prerrogativa del presidente de EEUU en funciones, que hasta la fecha ha favorecido a los salvadoreños.  O sea que será el conocimiento y reconocimiento de esta población que Trump tenga y la prioridad de El Salvador en su agenda, lo que determine la suerte de unos 186.000 salvadoreños bajo TPS.

La llegada de los primeros deportados ha causado reacciones no necesariamente amistosas por parte de los diferentes órganos del estado.  Si bien es cierto que entre los deportados hay infractores de la ley que pueden representar un peligro para la ciudadanía, la mayoría de los deportados son personas cuyo único delito es haber cruzado la frontera.  La pobre preparación que exhiben tanto representantes del gobierno salvadoreño como de la misma embajada estadounidense son de carácter punitivo y nada efectivos para cumplir con el propósito de que los deportados regresen a establecerse definitivamente en El Salvador.

Aunque la atención de los medios y opiniones de diputados, el vicepresidente y fiscal general de la república se han centrado en los grupos de deportados que llegan al país, hay muchos que han sido deportados bajo un proceso judicial ordinario que les permite recoger algunas de sus pertenencias, recuperar dineros que han pagado en concepto de fianza durante el proceso, y regresar individualmente, sin tener que ser custodiados en el viaje a su país de origen. Muchos salvadoreños también están regresando simplemente porque no quieren arriesgarse a perder sus bienes y ahorros ante la posibilidad de una deportación súbita y expedita que se ha convertido en inminente amenaza.  

El servicio de aduana de El Salvador no ha adecuado sus mecanismos de evaluación y clasificación de las pertenencias que los retornados traen,  ni ha generado ninguna sensibilidad que se aparte de la filosofía de la sociedad salvadoreña de que “sus conciudadanos vienen de conseguir dinero facil y vienen de donde hay.” Tampoco ha dado a conocer lo que pueden o no traer libre de impuestos al país los salvadoreños deportados y retornados. Muchos de los familiares de deportados se lamentan que hasta las prendas de vestir que han comprado en rebajas en Estados Unidos, cuyos precios son etiquetados solo para indicar el descuento, estén siendo sobrevaloradas y menudo consideradas con  propósitos comerciales, por agentes aduaneros durante su ingreso al país.

En cuanto al recibimiento de los deportados, tanto el gobierno salvadoreño como la embajada estadounidense deberían estar concientes que si no hay tal bienvenida, la llegada va ser solamente de visita  -- en otros términos, entrada por salida.  Es aquí donde se debe invertir los fondos destinados a detener el destierro.  Es esta la oportunidad de las universidades para que sus estudiantes investiguen, analicen las necesidades laborales, de vivienda y adecuación de los deportados, para proponer políticas de integración. Es aquí donde el periodismo debería de estar listo a documentar la experiencia pasada y presente de estos compatriotas, y extender su servicio más allá del amarillismo que sobredimensiona el crimen entre los pobres y reduce el aporte de los a catalogados como “hermanos lejanos” al cacareado 17% del Producto Interno Bruto, aunque venga del exterior, directamente al presupuesto familiar.

Ni siquiera para recibir a los que vienen con sus ahorros está preparado el país. Muchas han sido las familias que han creído repatriarse, trayendo sus ahorros y han tenido que regresar a EEUU después que son víctimas de un crimen, simplemente porque compraron una vivienda carísima en vecindarios de mayor peligro.  Algunos incluso no han sido orientados respecto de sus posibilidades de inversión y han limitado sus posibilidades a una tienda o pupuseria que no les ofrece una alternativa sostenible para permanecer en El Salvador.  Más bien, las pequeñas inversiones que los retornados hacen en sus lugares de origen los vuelven más vulnerables a las extorsiones, debido al desarraigo que ha generado lo prolongado de su ausencia de sus otrora vecindarios.

Es paradójico que la sociedad, el estado y la familia Salvadoreña no pueda proveer de un lugar seguro a los que por tanto tiempo han proveído a sus parientes, amigos y al país mismo, de la estabilidad que ha dado el aporte de los llamados “hermanos lejanos”.  Nicaragua y Costa Rica están ofreciendo mejores condiciones de vida para retornados con ingresos o ahorros para extranjeros que deseen retirarse en sus territorios.  Ambos países consideran la seguridad ciudadana una función del estado y no un negocio privado como en los países del triángulo norte.