Aunque los jóvenes que hoy solicitan ser inscritos como partido político bajo el nombre de Nuevas Ideas, no reconocen, que al hacerlo están adscribiéndose a la clase política que tanto han criticado y que en gran medida motiva su organización.  De la misma manera, el Tribunal Supremo Electoral y demás instituciones del estado, que hoy rechazan y le niegan legalidad a estos 200,000 ciudadanos, parecen no sospechar que sus actos pueden constituirse en una declaración de guerra social, en la que los seguros perdedores sean ellos mismos.  Si bien estos jóvenes en su mayoría desconocen las causas de la guerra civil cuyo fin se negoció hace 26 años, los mayorcitos entre ellos y otros que la sufrimos de cabo a rabo, deberíamos saber que estamos a punto de cometer el mismo error que cometieron los militares que cerraron todas la posibilidades de participación política a los jóvenes de aquella época.

Si los militares de la Tandona —que aún están vivos– pudieran tener un diálogo reflexivo y franco en aras de que El Salvador no volviera a repetir sus errores históricos, nos dirían  que fue un error considerar a los jóvenes, que protestaban la falta de democracia, como comunistas.  Observando la práctica administrativa y las opiniones políticas de los ex comandantes, especialmente los que negociaron la guerra, es lógico concluir que ninguno de ellos eran una amenaza comunista. La mayoría lo que querían es lo que tienen ahora, una oportunidad de competir en elecciones libres para administrar el país. Muchos de ellos se han vuelto empresarios propulsores del neoliberalismo sin mayor reparo al invertir en sus propias empresas.  Ninguno de los que hoy gobiernan y han legislado por casi tres décadas ha propuesto expropiar terratenientes y nacionalizar la banca u otras instituciones privatizadas por ARENA con su venia.

Es más, los regímenes militares crearon más instituciones estatales para paliar la pobreza que los actuales gobernantes, con la ayuda de las administraciones, Kennedy y Johnson de los Estados Unidos.  El Instituto Regulador de Abastecimientos, ANTEL el Instituto de Vivienda Urbana, ANDA, CEL, entre otras, fueron fundadas durante regímenes militares.  Si tipificamos a los políticos por los gobiernos de los cuales fueron funcionarios, los militares de las décadas de los sesentas y setentas saldrían mas socialistas que la actual clase política que gobierna el estado salvadoreño.  A muchos de los que fuimos perseguidos, torturados, exiliados o perdimos familiares durante la guerra no nos hace sentido el sacrificio. Toda una guerra fratricida con casi 100,000 muertos y similar número de desaparecidos, para lograr participación en elecciones libres, se nos hace muy caro.  Los que por suerte o porque adivinaron un lugar seguro no les tocó sufrir violencia en carne propia, o los que han sido funcionarios, podrán verlo de otra manera y es su prerrogativa -- pero a la gran mayoría no nos entusiasma iniciar otra guerra, para que un puñado salgan de su pobreza material.

Los reyes de las actuales monarquías constitucionales aprendieron de Maquiavelo que “es mejor para un príncipe ser amado que temido” y por eso cedieron su privilegio al poder absoluto que les permite hoy día sobrevivir y reinar sin ser déspotas.  La actual clase política salvadoreña no parece aprender ni de la historia del ejercicio del poder de hace siglos, ni de las experiencias contemporáneas como la de los mandatarios de Tunicia, Egipto y Siria, que han respondido con represión a la demanda ciudadana de apertura democrática y terminaron sirviendo en bandeja de plata su soberanía para ser depuestos y hasta asesinados.  La negligencia institucional judicial que vive El Salvador no solo tiene asustado al Vaticano, sino a Estados Unidos que sabe que una inestabilidad social en los países centroamericanos provocaría un aumento del éxodo que genera la violencia.  La práctica de hacer de caprichitos políticos casos emblemáticos, mientras decenas de casos de corrupción de gran cuantía e impacto social no se resuelven solo para complacer a los partidos en el poder, puede salirle muy caro a la república de El Salvador.

La legalización del partido Nuevas Ideas no es una concesión a Nayib Bukele.  Es más, puede que en orden a participar en la próxima contienda electoral, al exalcalde no le convenga ser miembro de dicho partido.  La percepción de estar protegiendo a los partidos que los han nombrado en sus cargos, no sólo desprestigia a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, sino que atenta contra el estado de derecho mismo.  Igual, el que se perciba una persecución política debido a la importancia y ponderación que para la Fiscalía General de la República han tomado los casos del lanzamiento de una manzana y señalamientos de pedofilia al ex secretario de prensa de la presidencia, de las que acusan a Bukele, no favorece al respeto a la ley, porque envía un mensaje a la población que el feminicidio y otros delitos que se cometen en sus comunidades  no son importantes.

Negarle la inscripción a los casi 200,000 ciudadanos que se inscribieron en el partido Nuevas Ideas con su nombre, firma y dirección es una invitación a medidas de hecho. Proscribir a un instituto político solo por miedo a un individuo no es una medida inteligente de ningún gobierno que se considere democrático.  Rechazar a estos ciudadanos que están entusiasmados en participar en el sistema político electoral de El Salvador en el año 2018 equivale -políticamente hablando- a la masacre que hicieron los militares el 28 de febrero de 1977.  Se está jugando a la ruleta rusa con conocimiento de causa y efecto. La ciudadanía mira cómo es más importante un altercado entre dos políticos que el desalojo de 75 familias pobres de sus hogares de la hacienda El Espino. Resulta paradójico que los solicitantes de Nuevas Ideas quieran legitimar el sistema electoral tan desprestigiado, mientras el TSE y los voceros de la clase política que los impugnan se opongan a dicha legitimación.  ¿Que diera Daniel Ortega por tener una oposición que le solicite participar en elecciones en sus propios términos?