España ha devuelto en menos de 48 horas a más de 48,000 migrantes marroquíes que nadaron a Ceuta
La ciudad autónoma de Ceuta ha registrado una de las mayores crisis migratorias de su historia reciente, tras la entrada irregular de unas 60,000 personas procedentes de Marruecos a través del espigón fronterizo de El Tarajal. Según datos oficiales facilitados por el Ministerio del Interior de España, las autoridades han ejecutado un dispositivo extraordinario que ha resultado en la devolución de 48,300 de los migrantes.
El operativo conjunto entre Madrid y Rabat se ampara en los convenios bilaterales de readmisión vigentes, agilizando los trámites ante una saturación sin precedentes en las infraestructuras locales de acogida.
El Ministerio del Interior detalló que el ritmo de los retornos alcanzó picos de hasta 150 personas por minuto, lo que redujo de manera drástica la presencia de ciudadanos extranjeros en las vías públicas ceutíes en menos de 48 horas. Alrededor de la mitad de los repatriados regresó de manera voluntaria ante las condiciones de desabastecimiento, una dinámica que las fuerzas de seguridad ya habían observado en episodios migratorios previos.
Sin embargo, la permanencia de unos 12,000 migrantes en el enclave mantiene bajo máxima presión al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que se encuentra desbordado en su capacidad. Las administraciones públicas gestionan de forma diferenciada a los menores no acompañados, colectivos vulnerables que exigen un procedimiento técnico específico conforme a la legislación nacional.
La magnitud de los acontecimientos en la frontera hispano-marroquí ha tenido inmediatas repercusiones en el tablero geopolítico europeo. El Gobierno de Italia, presidido por la primera ministra Giorgia Meloni, ha anunciado la suspensión unilateral del Acuerdo de Schengen de libre circulación con España. Roma justificó la medida bajo el argumento de salvaguardar la seguridad nacional y prevenir repercusiones directas en su territorio debido a la falta de control fronterizo percibida en el sur de la Unión Europea.
La disposición del Ministerio del Interior italiano implica la reintroducción de controles de pasaportes específicos en puertos y aeropuertos para todos los viajeros extracomunitarios procedentes de conexiones aéreas y marítimas españolas.
Esta decisión unilateral de Italia, amparada formalmente por el Código de Fronteras de Schengen para situaciones de amenaza grave al orden público interno, ha despertado un severo malestar diplomático en Madrid. El Ejecutivo español convocó de urgencia al embajador italiano para protestar por la medida, al tiempo que defendió que la integridad del espacio de fronteras comunes sigue garantizada.
Desde el Gobierno central español se recordó que las entradas irregulares en las rutas del Mediterráneo central que afectan a Italia duplican a las registradas en España, por lo que reclamaron un estricto respeto a los datos de la agencia Frontex y a los principios de solidaridad multilateral.
A pesar de los reclamos de España, la crisis en Ceuta ha reactivado las posturas de los sectores más restrictivos en materia migratoria dentro de la Unión Europea. Países como Finlandia, Dinamarca y Suecia han respaldado las preocupaciones de Roma, calificando la situación en la frontera española de riesgo para la estabilidad comunitaria.
Simultáneamente, las autoridades francesas han multiplicado por cinco el despliegue de sus agentes policiales en la frontera pirenaica con España como medida de contención preventiva. El despliegue del Ejército de Tierra en Ceuta y la celeridad en las devoluciones han logrado contener el flujo inicial, pero el impacto sobre la gobernanza y los acuerdos migratorios de la Unión Europea permanece abierto.