El asesinato de una víctima de extorsión, una práctica asociada a las pandillas, tendrá una sanción de prisión "a perpetuidad", según un paquete de leyes penales sancionado este lunes por el presidente Juan Orlando Hernández.

"Si se llega a causar la muerte al extorsionado (...) se debe imponer una pena de prisión a perpetuidad", anota la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, puesta en vigor por el mandatario.

Según la reforma a la legislación penal, se impondrán 50 años de prisión a quienes recurran a la práctica de la extorsión.

La legislación tipifica como "terroristas" a los integrantes de las pandillas que incendien vehículos durante las extorsiones.

Las pandillas tienen entre la espada y la pared a los miembros del transporte público, empresas distribuidoras y pequeños comerciantes por el cobro de extorsiones.

Más de una decena de vehículos fueron incendiados este año presuntamente porque sus dueños se negaron a pagar el "impuesto de guerra" que cobran las pandillas.

También es considerado terrorista quien "realice actos destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves, incendios" y "cuando el propósito de dicho evento sea intimidar o acusar estado de terror en la población o de obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar o abstenerse a realizar cualquier acto".

La reforma penal generó polémica por fijar sanciones de hasta ocho años de cárcel para "quien públicamente a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología e incitación a actos de terrorismo", un punto cuestionado por organizaciones de periodistas que consideran que atenta contra la libertad de expresión. 

Además, recibirán la misma pena quienes hayan participado en "ejecución" de actos, o incitaran a otros a cometer o financiar actos de terrorismo.