El asilo que Daniel Ortega ha otorgado al expresidente Mauricio Funes no es el primero que brinda ese país; los sandinistas han dado resguardo a personajes acusados de narcotráfico y terrorismo, además de políticos.

El periódico La Prensa describe a Nicaragua como un “refugio de delincuentes”, que data desde los años ochenta cuando la familia del narco colombiano, Pablo Escobar, fue, recibida y protegida por las autoridades de este país por un poco más de un año.

En una entrevista a la cadena CNN el hijo de Escobar, Sebastián Marroquín, reveló su experiencia en suelo nica: “siendo un niño viví en Nicaragua y también en Panamá, y era evidente la protección de la que gozábamos. Quizá la de Panamá le duró menos y finalmente nos escapamos hacia Nicaragua como familia, a vivir. Pero era claro que había un compromiso por parte de las autoridades de turno, de darle una especie de protección”, reveló Marroquín hace 5 años.

En 1988 Ortega protegió a un perseguido por la justicia, para ese año el italiano Alessio Casimirri -acusado de asesinar a un funcionario de su país de origen- obtuvo la nacionalidad nicaragüense y se le permitió instalarse sin problemas pese a que en Italia ha sido condenado a prisión.

En varias ocasiones Nicaragua ha negado la petición de extradición realizada por Roma alegando que no hay extradición por delitos políticos o comunes conexos, y que los ciudadanos nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional.

Para la época actual también se han dado casos que han puesto al presidente nicaragüense en situaciones que han provocado polémica a nivel internacional: en 2009 dos colombianas y una mexicana vinculadas con las guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recibieron asilo, luego de sobrevivir a un ataque el uno de marzo de 2008 de las Fuerzas Armadas de Colombia a un campamento de las FARC.

En ese mismo año Ortega también otorgó el mismo beneficio al líder indígena amazónico de Perú Alberto Pizango, quien es señalado de instigar los enfrentamientos que dejaron al menos 24 policías y nueve indígenas muertos, por los que puede recibir una condena de hasta 35 años de cárcel.

En 2010, el Gobierno de Nicaragua otorgó asilo político al hermano del guerrillero colombiano de las FARC, Rodrigo Granda (conocido como “el canciller”). Rubén Darío Granda fue señalado por las autoridades colombianas de ser el encargado de realizar transacciones financieras millonarias con dinero de las FARC, entre las que se incluían compra de tierras, centros de recreación y bienes raíces.