Alimentos calientes que les eran arrojados en la cara, horas enteras atados a las camas y el suministro constante de drogas tranquilizantes son algunas de las torturas que sufría un grupo de niños discapacitados en un internado en la ciudad colombiana de Ibagué.

Fueron precisamente los gritos desgarradores de los niños los que alertaron a las autoridades y pusieron al descubierto lo que pasaba en la que ha sido denominada la "casa del terror", una historia que ha conmovido a todo Colombia.

El internado era administrado por la Fundación Peces Vivos y según las autoridades, en el lugar se realizaron "espeluznantes hallazgos".

El caso, definido como "triste y dramático" por la Fiscalía General de la Nación, involucra por el momento a 11 niños y adolescentes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años y en condiciones de discapacidad o extrema vulnerabilidad.

Sin embargo, se estima que fueron al menos 40 los menores que durante años pudieron ser víctimas de la crueldad de sus cuidadores, diez empleados de la Fundación que estaban contratados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

"Once niños fueron durante mucho tiempo amarrados a sus camas. En ese estado se les suministró droga para facilitar un control supuestamente terapéutico sobre ellos y evitar actos de indisciplina", dijo a periodistas el fiscal delegado para la violencia contra los niños, Mario Gómez, citado por la agencia Efe.

Los menores, agregó, eran sometidos a tratos inhumanos ante cualquier señal de desobediencia, como por ejemplo "no recibir los alimentos o comerse las uñas".

Así, el lugar se ganó el mote de la "casa del terror", porque además los vecinos solían escuchar desgarradores gritos desde el interior.

Por el caso fueron capturados diez empleados, entre ellos la directora del lugar.

"Se estaba aplicando un supuesto protocolo llamado 'contenciones', que consistía en acciones aberrantes que hacían sufrir a los niños", manifestó por su parte Róbinson Chaverra, director de la Fiscalía del Tolima.

Chaverra explicó que a los menores "les hacían 'la mascarilla', que consistía en regarles sopa caliente en la cara y luego quitársela mientras estaban amarrados de pies y manos".

Estos actos fueron definidos por el fiscal delegado Mario Gómez como "criminales, crueles, inhumanos, degradantes y que deben ser absolutamente rechazados".

Entre los cargos imputados este viernes a los detenidos figuran los de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio.