El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera financiar un muro intiinmigración en la frontera con México con una tasa de 20% a los productos importados de ese país, dijo el jueves su portavoz Sean Spicer.

"Haciendo eso, prevemos recaudar unos 10,000 millones de dólares por año y gracias a ese mecanismo el muro se pagará fácilmente", dijo Spicer a periodistas. 

El portavoz no dio más detalles sobre la forma de aplicación de ese impuesto ni desde cuando comenzaría a regir. Indicó que podría estar incluido en una reforma fiscal más amplia.

El vocero dijo que ese gravamen es una forma de "respetar" a los contribuyentes estadounidenses y afirmó que el tema ya ha sido considerado con miembros de ambas cámaras del Congreso.

El anuncio provocó un terremoto político, ya que los dos países son socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC, junto a Canadá), aunque seguidamente Spicer dijo que se trataba apenas de una "idea".

"La idea es mostrar que generar los recursos para el muro no es tan difícil como algunos sugieren. Una medida bastaría para hacerlo. No era la idea anunciar nada, sino decir que no es tan difícil hacerlo", puntualizó el portavoz de la Casa Blanca.

Sin embargo, el daño ya había sido hecho. El influyente senador republicano Lindsey Graham reaccionó de inmediato.

"Sí a la seguridad fronteriza. No a las tarifas. México es nuestro tercer mayor socio comercial. Cualquier tarifa que podamos imponer es una tarifa que ellos pueden imponer. Es una enorme barrera al crecimiento económico", expresó en Twitter.

Manuel Herrera, presidente de la Confederación Cámaras Industriales de México, consideró que un impuesto a las importaciones es una "noticia muy grave, verdaderamente preocupante y aberrante, no nada más para México sino para las empresas estadounidenses y un mensaje muy negativo para el mundo".

A su vez, el mexicano Luis de la Calle, que negoció el TLC, dijo a la AFP que "si Estados Unidos impone un impuesto de este tipo, México va imponer uno igual, México impondrá una medida espejo".

El muro de la discordia

Tras cancelar el encuentro con Trump, Peña Nieto -cuya popularidad se encuentra en niveles históricamente bajos para un presidente mexicano- recibió mensajes de respaldo de políticos de la oposición y de empresarios locales.

"Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que era la decisión acertada", afirmó el excanciller Jorge Castañeda en una entrevista con la radio Grupo Fórmula.

El aumento de la tensión de las relaciones bilaterales coincide con la intención del presidente estadounidense de renegociar el TLC.

Según Trump, Estados Unidos tiene un déficit comercial con México del orden de 60.000 millones de dólares anuales.

"Ha sido un acuerdo de un solo lado desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con enorme número de empleos y empresas perdidas", apuntó el mandatario.

El costo del muro, una de sus principales promesas electorales, podría alcanzar hasta los 50,000 millones de dólares, según diversas fuentes.

En un mensaje a la nación, Peña Nieto reiteró el miércoles que su país no pagará la obra.

"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde años lejos de unirnos, nos divide (...) Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", expresó el mandatario.

Los "santuarios" reaccionan

Uno de los decretos firmados por Trump prevé el congelamiento de fondos a ciudades y distritos que se nieguen a arrestar a inmigrantes indocumentados y destina dinero para construir más centros de detención en zonas fronterizas.

Los alcaldes de Los Ángeles y Nueva York, las dos mayores ciudades "santuario" en Estados Unidos, condenaron públicamente estos decretos.

"Protegeremos a toda nuestra gente sin importar de dónde vienen y sin importar su estatus migratorio", dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, sostuvo que su ciudad seguirá siendo tolerante y dará la bienvenida a todas las personas "sin importar lo que suceda en Washington DC".

Los alcaldes de otras cuatro ciudades californianas -San Francisco, Oakland, San José y Berkeley- también denunciaron el decreto de Trump en un comunicado conjunto.