Residir en una zona asediada por la pandilla 18 causó que dos empleados de la alcaldía de San Salvador fueran detenidos durante un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC); ellos eran dos más de un grupo de 20 detenciones.

Los delitos por los que los agentes policiales capturaron a los imputados fueron extorsiones, homicidios y organizaciones terroristas, por este último fueron culpados los dos jóvenes que laboran en la comuna capitalina.

Por una orden administrativa, ambos lograron obtener su libertad bajo medidas cautelares, por lo que continuarán realizando sus actividades diarias.

El Juzgado especializado de Instrucción “A” fue el encargado de desarrollar el juicio en contra de todos los detenidos.

Al momento en que asistieron a la audiencia, los dos jóvenes portaban sus uniformes, pero al ser consultados por El Salvador Times sobre sus labores en la alcaldía indicaron que esa vestimenta "se las habían regalado y por eso andamos así".

Luego de un acuerdo entre las partes, tanto de los abogados defensores como de los fiscales, los empleados de la comuna lograron obtener un sobreseimiento provisional, pero con ciertas medidas, como el firmar por al menos un año -cada 15 días- en un juzgado de vigilancia penitenciaria, así como no cambiarse de domicilio.

De acuerdo a uno de los abogados defensores, la FGR no pudo sostener sus acusaciones en contra de los dos afectados, por lo que consideró justo el fallo emitido por la jueza a cargo del caso.