El Juzgado de Sentencia de San Vicente condenó a 24 años y ocho meses de cárcel a la exalcaldesa de San Rafael Cedros por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Dina Concepción Arévalo Chicas, luego de declarla culpable de los delitos de peculado, negociaciones ilícitas y malversación, cuando se desempeñó como edil de ese distrito entre los años 2012 y 2015.

La Fiscalía General de la República (FGR) comprobó ante el juzgado con evidencias documentales, periciales y testimoniales que la exalcaldesa y miembros de su concejo municipal otorgaron a ciertas empresas proyectos de agua potable y obras de mejora de caminos rurales en diversos cantones del distrito a cambio de dádivas que recibieron por parte de esos empresarios.

El juzgado encontró responsable a la exalcaldesa Arévalo Chicas de todos los delitos imputados y la condenó a 15 años de cárcel por peculado, a seis años y ocho meses por negociaciones ilícitas y a tres años más por malversación. Además, le impuso el pago de $126,000 al Estado en concepto de responsabilidad civil.

De acuerdo con la FGR, la exalcaldesa tenía comunicación con tres personas, entre ellas Gustavo Ulises Hernández, quien se encargaba de negociar las licitaciones de los proyectos y por ello recibió una condena de tres años de cárcel por el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, por la cuantía de la condena, el juzgado le concedió el reemplazo de la pena.

Otros condenados son Miguel Ángel Antonio, condenado en procedimiento abreviado a tres años de prisión con reemplazo de la pena por el delito de peculado; José Carlos Rodríguez y José Argelio Mendoza, condenados a cuatro años y seis meses por el delito de negociaciones ilícitas; y Silvia Dinora Menjívar Alvarenga, a un año de prisión con reemplazo de la pena por el delito de malversación.

En los casos de la exalcaldesa Arévalo Chicas y de los exmiembros del concejo municipal Rodríguez y Mendoza, estos fueron enjuiciados en ausencia, por lo que se mantienen prófugos. El juzgado determinará las nuevas órdenes de captura para que los condenados, al ser localizados, sean trasladados a los centros penales y empiecen a cumplir sus condenas.