Envían a prisión a exgerente de cooperativa en Ayutuxtepeque por desorden administrativo que provocó un faltante de $161,200

Una mujer de 30 años no se imaginó que lo que consideró la oportunidad de oro en su carrera profesional la terminaría llevando a sentarse en el banquillo de los acusados por el desorden administrativo que se tenía en una de las filiales de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador de Responsabilidad Limitada (Fedecaces de R.L.), donde trabajó como gerente general.

Fedecaces es una cooperativa de segundo piso que cuenta con más de 115 agencias a nivel nacional que atienden a diversos sectores de población salvadoreña, según la descripción de sus funciones en la página web.

Linda Claudia Liseth Funes Mejía se presentó a las instalaciones de la cooperativa Electra de RL, ubicada en Ayutuxtepeque, para postularse al cargo de auxiliar contable, pero estando ahí ganó la plaza como gerente general.

Funes Mejía inició en este puesto el 30 de marzo de 2011, siendo egresada de la carrera de Contaduría Pública era evidente la inexperiencia que tenía en temas administrativos, lo que provocó que no detectara muchas fallas -algunas de ellas catalogadas como graves- en los diferentes departamentos de la cooperativa.

Según el testimonio de diferentes exempleados de la institución, la nueva administración, con el consentimiento de la junta directiva, realizaba acciones que no se apegaban a las políticas establecidas en los manuales.

Ante un tribunal de San Salvador, se dijo que Funes Mejía emitía cheques por grandes cantidades de dinero de los que no se tenía un respaldo en qué se utilizaría. A manera de ejemplo, en un momento fueron pagados $12,000 a una empresa por servicios informáticos, pero para justificar el gasto solo se anexó una pequeña nota junto a la copia del cheque.

A la mujer también se le señaló también de apropiarse de bonos navideños de los empleados, los cuales se dice fueron emitidos pero no cancelados a los destinatarios, aunque los cheques sí fueron cobrados.

César Rafael Castellanos, quien fungía como auxiliar de contabilidad y era subalterno de Funes Mejía, dijo ante un juez que había cobrado varios de estos cheques por órdenes directas de su jefa.

Otro de los malos procedimientos realizados era la falta de respaldos en cuentas por cobrar, despensa y reserva de la cooperativa, que eran utilizados a discreción de la gerencia y que según la investigación eran destinados para el uso personal de la imputada.

Luego de cuatro años al frente de la cooperativa, la junta directiva ordenó una auditoría en la que detectaron un faltante por $161,207.03, los cuales presumen que fueron a parar a cuentas personales de Funes Mejía. Producto del desorden administrativo fue despedido todo el personal del lugar.

Imputada dice ser víctima de una mafia

En su declaratoria en el juicio celebrado en su contra, Funes Mejía señaló a tres personas que trabajaron con ella de abusar de su confianza y consideró que estos eran los que tendrían que estar siendo procesados.

Mirna de Santos, Fernando Colocho y Daniel Palacios son las personas a quien la imputada acusa de conformar la mafia que habría desfalcado a la cooperativa.

Como parte del proceso judicial se ordenó un peritaje que arrojó que el faltante encontrado es de $312,157.57 es decir el doble al detectado por la empresa en un primer momento. En su informe, el perito contable señaló que en la cooperativa se tenía un desorden administrativo y sus procedimientos no cumplían con las normas de auditoría y contraloría establecidas por las autoridades financieras del país.

En el proceso judicial se determinó que en la cooperativa se tenía un atraso de seis meses en la contabilidad, algo que impedía que se realizara una auditoría para determinar las responsabilidades en el momento.

Pese a esto el juez a cargo del proceso decidió condenar con cuatro años de prisión a Funes Mejía por el delito de administración fraudulenta. Además deberá de restituir $161,207.03 a la cooperativa.