El 16 de junio de 2014, una empresa ubicada en la colonia San Benito empleó a Aquiles L., un ingeniero en computación de 47 años, por considerar que era la persona indicada para ocupar la plaza de programador Java, por ser especialista en análisis de sistemas.

El desempeño de Aquiles fue calificado como bastante exitoso, al grado que el dueño de la empresa le ofreció desarrollar dos megaproyectos adicionales que durarían dos años; así, acordaron que los iniciaría en septiembre de 2014 y terminará en febrero de 2016.

Según lo relatado ante un juez, los trabajos externos consistirían en auditar dos bases de datos, hacer una migración  de registros para determinar anomalías de las auditorías hechas y hacer un reporte de estos procesos.

Luego de desarrollar las labores, Aquiles fue enviado a Alemania para que se capacitara en el área y expusiera los dos proyectos, a los cuales les habría encontrado una serie de anomalías que comunicó en aquel país.

Esto no fue del agrado de “Mario” uno de los jefes del ingeniero en sistemas, por lo que informó al representante legal de la empresa.

Aquiles retornó al país y el 10 de febrero de 2017, luego de laborar durante dos años y ocho meses en la empresa, fue despedido. Además, sus reportes fueron robados debido a que no fue liquidado totalmente por sus servicios prestados.

Aquiles inició un proceso de exigencia del pago de honorarios, por lo que acudió al Ministerio de Trabajo para poder resolver el tema, pero no recibió más que una asesoría.

La empresa no quiso pagar lo adeudado, y el 15 de febrero de 2017 Aquiles decidió enviar 22 correos electrónicos para solicitar el dinero pendiente, además, realizó constantes llamadas telefónicas a “Mario” entre el 31 de enero y el 1 de marzo de ese año. Según consta en el expediente, las llamadas están registradas en una bitácora.

Aquiles solicitó el pago de 70 mil dólares producto de su trabajo y amenazó con revelar información a la que había tenido acceso como parte de su trabajo. Además, en sus llamadas y correos indicaba que iría a medios de comunicación para hacer tales revelaciones y publicaría datos en las redes sociales de no recibir ese dinero.

Una cita que terminó en arresto

Por la insistente exigencia, “Mario” acordó con Aquiles entregar 50 mil dólares y para hacerla efectiva debían de reunirse en un centro comercial ubicado sobre el bulevar de Los Héroes, en San Salvador. Lo que el profesional desconocía es que la cita se trataba de una trampa.

Su exjefe interpuso una denuncia en su contra bajo el delito de extorsión agravada ante la Fiscalía General de la República (FGR), esto porque lo acusaba de estar exigiendo dinero sin aparente justificación.

El exempleado llegó a eso de las 2:15 de la tarde el 21 de febrero de 2016. Para su sorpresa, se encontró con un operativo de entrega controlada en el que fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil que estaban en el lugar.

La acusación por extorsión prosperó y el requerimiento contra Aquiles se presentó en el Juzgado 4° de Paz de San Salvador.

Un fallo a favor de la verdad

Tanto “Mario” como el apoderado legal de la empresa continuaron el proceso judicial en calidad de víctimas, pero no contaron con que Aquiles presentaría, a través de su abogado defensor, la prueba necesaria para demostrar que la acusación era falsa y que en realidad sí había realizado el trabajo por el que fue contratado pero nunca le pagaron.

El imputado quedó en libertad después de que un juez del Tribunal 1° de Sentencia emitiera un fallo que lo dejó absuelto de todo cargo al denotar que los hechos de la supuesta extorsión no correspondían a como ambos acusadores lo relataron.

El expediente judicial no detalla si la empresa tendrá que pagar el salario que Aquiles dejó de devengar.