La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a juicio a un reo de 24 años -procesado por homicidio- al que le encontraron una memoria micro SD de ocho gigas en el bolsillo de sus pantalones.

La acusación se amparó en el artículo 338-B del Código Penal que otorga entre tres y seis años de cárcel por el delito de introducción de objetos prohibidos en centros penitenciarios.

Christian Mejía, originario del municipio de Quezaltepeque, La Libertad, fue trasladado hacia el penal de Apanteos, Santa Ana, tras ser acusado por el delito de homicidio, luego que un Juzgado de Paz ordenara la detención provisional mientras se desarrollaba el caso. 

El 30 de marzo de 2017, el también integrante de una banda musical de su municipio fue llevado a las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, porque el Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque lo requirió para instalar la audiencia preliminar.

En ese momento, Mejía vestía la ropa que tres meses atrás su madre le llevó a Apanteos –ese es el periodo que cambian de vestuario en ese penal-, pero según su testimonio, no se dio cuenta que en uno de los bolsillos iba una memoria para almacenar datos (como las que se le colocan a los teléfonos celulares).

El hallazgo generó alerta entre los custodios. Reportes, el decomiso de la memoria y la imputación por un nuevo delito no se hicieron esperar.

Fiscalía presentó cinco testigos

Para no dejar ningún cabo suelto y asegurar la condena de Mejía, la Fiscalía citó a cinco testigos –entre policías, el jefe de custodios del centro judicial y el perito policial- para que brindaran su testimonio y pudieran inculpar al hombre por llevar un objeto prohibido.

Luego de varias horas de escuchar los relatos, testimonios y alegatos tanto de la Fiscalía como del abogado defensor, la jueza logró determinar por el peritaje tecnológico policial que en la memoria solo había archivos musicales.

En el aparato se encontraron canciones del grupo español Héroes del Silencio, de la banda mexicana Los Tigres del Norte y de los argentinos Soda Stereo.

Además, la jueza del caso determinó que el hecho de portar una memoria para almacenamiento de datos no es constituyente de delito, toda vez que la ley habla de aparatos que sirvan para comunicarse -como es el caso de un chip o un teléfono- y que la memoria por sí sola no sirve para ese fin.

Así, Mejía fue absuelto por las imputaciones que se le hacían.