El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio en contra de Reina Isabel Acosta, empleada de la Oficina de Solvencias de la Policía Nacional Civil (PNC) que cobraba por borrar los antecedentes penales de las solvencias que se entregaban.

Acosta es acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de cohecho propio y falsedad documental agravada con la modalidad del delito de falsedad material.

El juez a cargo del caso sobreseyó provisionalmente al abogado Edgardo Antonio Molina Morales de los delitos de cohecho activo y estafa, por no acreditar suficientes elementos de prueba por parte del ministerio público.

Para el juzgador existe la probabilidad de que la imputada realizó actividades impropias de sus funciones y consideró que debió respetar sus funciones como servidora pública.

La  investigación surgió a raíz de una denuncia interpuesta por una víctima con régimen de protección, quien relató que en noviembre del año 2016 sacó una solvencia de antecedentes penales en la que le aparecía un delito y este ya había cumplido la pena.

Por ese motivo, el 15 de noviembre de ese año presuntamente se contactó con Molina, quien le cobró $600 para borrarle permanentemente los antecedentes.