El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador envió a juicio al exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, de 45 años, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavar unos $8.5 millones, así como fr cohecho (soborno) a varios alcaldes del país.

Silva Pereira fue concejal de la alcaldía de Jiquilisco, en Usulután, después corrió como diputado suplente por el PCN y fue electo en el período de 2006 al 2009.

La acusación del ministerio público establece que el exlegislador mantuvo negocios con unas 15 alcaldías del país, a quienes ofrecía darles el 10% el dinero de los proyectos si se los adjudicaban a sus empresas.

Lo anterior significaba que las comunas que aceptaron no cumplían con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).

De esta manera logró lavar dinero de origen ilícito por un monto de $8,500,000, movimientos que le fueron detectados en sus cuentas bancarias y que utilizó para la compra de bienes suntuosos.

“Se tienen los documentos que amparan tanto vehículos, inmuebles y yates que fueron adquiridos por el señor Silva, los cuales estaban algunos a su nombre y otros a nombre de otras personas para efectos de ocultarlos, pero que dichos bienes estaban a su total disponibilidad, así como los beneficios económicos eran administrados por él”, indicó la jueza.

El delito de cohecho activo (soborno) se configuró cuando ofreció dinero a las alcaldías para que le adjudicaran las obras, especialmente con la de Berlín, en Usulután.

La juzgadora indicó que existe una entrevista con el que fuera al alcalde del municipio en este entonces, Ramón Palma, que fungió desde 1997 al 2006, ya fallecido, en el que acepta haber recibido el dinero.