Una abogada presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva ley de aislamiento y cuarentena aprobada por la Asamblea Legislativa, con la que el Gobierno endurece las medidas para evitar contagios masivos de coronavirus.

La ley avala que se envíe a los centros de contención a aquellos ciudadanos que anduvieran en la calle sin justificación, previa evaluación médica del personal del ministerio de Salud.

De acuerdo con la profesional del derecho, la normativa es inconstitucional por dos motivos, el primero es porque hubo “ausencia deliberada” de diputados propietarios y estos fueron sustituidos por sus suplentes.

“La Asamblea Legislativa cometió fraude contra la Constitución de la República al aprobar con llamamientos inconstitucionales de diputados suplentes el decreto legislativo”, afirma la profesional en la demanda.

Lo anterior se fundamenta en una sentencia anterior del tribunal constitucional que estableció que los suplentes solo son llamados por “incapacidad de acudir” de los titulares y no se pueden hacer llamamientos para forzar una votación.

“La decisión arbitraria del jefe de fracción o el uso también arbitrario del pleno de la Asamblea de su potestad de hacer el llamamiento de diputados suplentes para forzar deliberadamente una votación específica a fin de alcanzar mayoría de votos”, reza en dicha sentencia.

La demandante añade que se sustituyeron a tres diputados propietarios: Martha Batres, Alejandrina Castro y Patty Valdivieso y no se justificaron las razones.

“Ninguna de las sustituciones efectuadas fue justificada, defraudando la exigencia establecida en el artículo 131, relativa a la existencia de una causa justificada para llamar a un diputado suplente para que sustituya a un diputado propietario”, alega.

Añade que “sin los tres votos en cuestión (…) no podría haberse aprobado el decreto en cuestión siendo una evidente manipulación del quórum para alcanzar una mayoría calificada que sabían que era necesaria para la suspensión de derechos fundamentales”.

El segundo punto por el que se pide una inconstitucionalidad es que se suspendieron derechos fundamentales, pero no hubo votación nominal y pública, tal como lo exige la Carta Magna en esos casos.

“Señalo que el decreto aprobado es materialmente un régimen de excepción al limitar derechos fundamentales contenidos en los artículos 5 (derecho a reunirse), 7 (derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio) y 29 (libertad de tránsito)”, plantea.

Pide dejar sin efecto la ley

Como medida cautelar, la abogada ha pedido de forma urgente dejar sin efecto la ley porque traería afectaciones a los ciudadanos al limitar su circulación.

“De no adoptarse la medida cautelar de suspender los efectos del citado decreto que se impugna se le estaría dejando al Órgano Ejecutivo, una vez más, un cheque en blanco para que tome medidas más gravosas de las permitidas que limiten el ejercicio de aquellos”, explicó.