Cuando su esposo murió, Antonia viuda de Alvarenga heredó un inmueble ubicado sobre la 9a calle Oriente de San Salvador, a un costado de la alcaldía municipal de San Salvador. Se trata de una casa de construcción antigua cuya propiedad comparte ahora con su hijo Fabricio.

La mujer decidió instalar en la edificación un mesón, por lo que empezó a alquilar habitaciones, pero debido a su avanzada edad ella entregó a su hijo la administración del mismo. Ellos decidieron alquilarle la totalidad del inmueble a Lourdes Amaya, una amiga con la que habían pactado que podía rentar las habitaciones como si fuese un negocio propio.

Pasaron varios meses bajo el contrato de arrendamiento con Amaya, quien puntualmente les entregaba el dinero acordado.

Sin embargo, todo cambió la mañana del 2 de septiembre de 2016, cuando Fabricio llegó a la propiedad para cobrar la renta estipulada, pero para su sorpresa, Amaya no se encontraba y recibió la noticia de que ella había abandonado el lugar unos días atrás.

“Lourdes Amaya ya no vive aquí”, le dijo al joven Jessica Sandoval, una mujer de 48 años que salió de una de las habitaciones del mesón.

A eso de las 10:00 de la mañana de ese mismo día, Fabricio decidió llamarle a Amaya para saber la razón del abandono del inmueble y esta le respondió que había sido amenazada a muerte por parte de Sandoval en el momento en que llegó a cobrarle la renta. Por eso, optó por salir del mesón.

Además, le indicó que miembros de la Mara Salvatrucha son quienes controlan la zona y ellos la habían amenazado. Pese a las advertencias, Fabricio decidió regresar a su propiedad para conversar con Sandoval.

"De aquí no me sacan"

En la audiencia que se desarrolló en el Juzgado 6° de Sentencia se conoció que el joven le pidió dejar la habitación porque sería él quien iba a retomar la administración del mesón.

“De aquí nadie me va a sacar, ni la policía, ni la Fiscalía y los jueces me valen verga”, fue la respuesta de Sandoval.

“Deja de molestar, porque aquí quien manda es la Mara Salvatrucha. Quien mata, controla y roba es la MS y nada me cuesta decirle a los bichos que te quiebren la cara a balazos”, amenazó Sandoval a Fabricio, para luego advertirle que no quería verlo ahí nuevamente.

El dueño del inmueble llegó en dos ocasiones más para hacer una serie de reparaciones y en ambas oportunidades recibió las mismas amenazas en su contra por parte de la mujer, quien se había adueñado del lugar, por lo que alquilaba las habitaciones y recolectaba el dinero para ella.

Fabricio fue amenazado por Sandoval por tercera vez: “Nada me cuesta ponerte una pistola en la cabeza y dispararte. Que sea la última vez que te veo por aquí”.

Por ello la víctima decidió acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer la denuncia y actuar jurídicamente contra la mujer, quien fue acusada por el delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo y por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.

La compasión de la víctima

El Tribunal 6° de Sentencia de San Salvador instaló la audiencia de vista pública para determina si Jessica Sandoval, quien se presentó con vestimenta larga y un manto en su cabeza tal cual una mujer evangélica, era o no la culpable de los dos delitos que la Fiscalía le imputaban.

Un acuerdo realizado entre la FGR y el abogado defensor –autorizado por la víctima- llevó a que el desarrollo de la audiencia se convirtiera en un procedimiento abreviado, en donde normalmente los acusados reciben ciertos beneficios al aceptar los hechos imputados.

Mientras los abogados se encontraban de pie frente a la jueza para determinar los requisitos, la acusada levantó sus manos y cerró los ojos para hacer una oración.

Al final del proceso, la jueza a cargo del caso le ordenó a Sandoval que debía salir del inmueble para que los dueños verdaderos retomaran la administración.

Para evitar la cárcel, Sandoval tendrá que cumplir algunas condiciones que le impuso la juzgadora, como no cambiar de dirección de su residencia y no acercarse ni al inmueble ni a las víctimas. Tampoco podrá salir del país y deberá presentarse a un juzgado de vigilancia penitenciaria para firmar cada dos meses durante tres años mientras dura el proceso.