La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda por inconstitucionalidad contra el decreto que emitió la Asamblea Legislativa donde autorizó al Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén, la emisión de títulos valores por $1,297 millones para complementar el presupuesto de 2019.

La Sala informó que el demandante argumenta que se permitió la emisión de títulos valores para el presupuesto 2019, pero no se puede determinar cuáles de las partidas de egresos se financiaron con el dinero.

“Para el demandante no es posible determinar cuáles de ellas (partidas) se financiarán con fondos obtenidos con la emisión de dichos títulos. Eso otorga ―de acuerdo a la demanda― un margen discrecional demasiado amplio el Órgano Ejecutivo en la ejecución presupuestaria, y es la razón de la inconstitucionalidad alegada”, reza en un comunicado emitido por la Sala.

También se informó que la persona que interpuso la demanda pidió medidas cautelares, es decir; que se suspenda temporalmente al acto reclamado, pero la Sala no se la concedió porque “eso afectaría un bien constitucional legítimo: el equilibrio presupuestario”, razonó la Sala.

“Al elaborar el presupuesto se tuvo en cuenta la deuda proveniente de los títulos valores de crédito como un fondo que se utilizaría para hacer frente a los gastos de las partidas presupuestarias. Por tal motivo, se rechazó la petición del demandante de decretar una medida provisional”, indicó el máximo tribunal constitucional.

El 21 de diciembre de 2018 se aprobó el presupuesto general de la nación 2019, pero el dictamen se elaboró hasta que terminó la comisión Política de elegir a los que serían los magistrados de la Sala. Los señalamientos fueron que hubo un acuerdo político de aprobar presupuesto por votos para magistrados. 

Luego de haber admitido la demanda, los magistrados se encargarán de determinar si la emisión de los más de mil millones viola o no la Constitución. 

La resolución fue firmada por tres magistrados propietarios, José Armando Pineda Navas; Aldo Cáder, Marina Marenco de Torrento y la magistrada suplente Sonia Cortez de Madriz.