Comerciante se valió de sus amistades en el Órgano Judicial para obtener poder falso y vender dos veces terreno en colonia Monserrat
La verdadera propietaria del terreno reside en Estados Unidos desde hace 30 años. Una abogada y un empleado de la Corte Suprema de Justicia ayudaron al comerciante a conseguir el poder para vender el terreno y obtener miles de dólares.
Sin tener autorización y con un documento falso que lo empoderaba, un comerciante de San Miguel vendió en dos ocasiones un terreno situado en la colonia Monserrat, cuya propietaria reside en Estados Unidos desde hace 30 años y no estaba enterada de la venta de la que participaron una abogada y un empleado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Desde su salida del país, Sebastiana A. no había regresado al país, pese a que había dejado su vivienda y un terreno ubicado al Norte de la autopista Sur de la referida colonia de San Salvador. El descuido del inmueble fue aprovechado por Raúl Armando Quezada, el comerciante de 64 años, quien para ejecutar dos ventas se valió de la ayuda de la abogada Jenny García y Alfredo Navas, un notificador del Juzgado de Familia de Apopa.
Por varios días, Quezada estudió el comportamiento que se tenía en la zona donde se ubicaba la propiedad para la que ya había negociado su venta con un empresario al que le había fijado un valor de $17,250.
La investigación señaló que el 3 de noviembre de 2009, Quezada tuvo en sus manos el falso poder judicial que le había sido facilitado por García, quien apeló a la amistad de años con una notario para engañarla y que validara el documento de manera urgente y que en realidad fue firmado con Navas.
Los cómplices incluso ejecutaron una coartada para burlar a la notario. García llamó a Navas para que este saliera a buscar a Sebastiana en busca de la supuesta firma. Cuando el reloj marcó las 4:00 de la tarde, García llegó de nuevo a la oficina para presentar el documento que aparentemente cumplía con lo requerido para la autorización.
Las ventas
Nueve días después de haber recibido el poder falso, Quezada se reunió con su primer cliente, quien le entregó el dinero acordado y firmaron un pacto de retroventa, pero el 15 de enero de 2010 el comerciante renunció a ese pacto de forma expresa, por lo que la venta se tornó de forma definitiva.
Una vecina de Sebastiana, que tenía conocimiento que ella no había vendido el terreno, le pareció extraño ver que en ese inmueble se realizaban trabajos de terracería, por lo que decidió llamarle a Estados Unidos con el fin de consultarle sobre dicha situación. Ese gesto fue una alerta.
Luego de nueve meses tratando de averiguar lo que había sucedido, la víctima logró contactarse con el nuevo dueño del terreno, quien el 16 de septiembre le regresó la propiedad por la que la mujer tuvo que pagar el mismo precio.
Para su sorpresa, 25 minutos después de haber hecho la recompra, Quezada volvió a vender el lote con el mismo falso poder que –según él- le habría extendido la víctima. Esta vez, el comprador fue la Distribuidora de Productos de Petróleos de El Salvador S.A. de C.V.. quienes habían cancelado $105 mil.
La captura de Quezada y su récord delictivo
En octubre de 2010, la notario que ayudó a García recibió la llamada del representante legal de la Distribuidora de Productos de Petróleos de El Salvador S.A. de C.V., para cuestionarles sobre el supuesto poder legal que habría sido firmado por Sebastiana.
La notaria confirmó que extendió el escrito, pero que nunca llegó la dueña del lote a firmar. En ese momento fue notificada que Quezada había sido detenido por el delito de estafa.
El sujeto ya había sido señalado de cometer ese delito en varias ocasiones. Quezada estaba siendo procesado por el Juzgado de Instrucción de Mejicanos, por el Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador y por el Tribunal 2° de Sentencia por estafa agravada. Esta última instancia lo condenó a tres años de prisión.
Además, actualmente el Tribunal 6° de Sentencia tiene un proceso abierto en su contra por el delito de falsedad ideológica, pues Sebastiana lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 25 de octubre de 2010.
El caso fue individualizado, por lo que el Juzgado 10 de Instrucción ordenó la apertura a juicio en contra de Quezada y por ello el próximo 18 de octubre se desarrollará la audiencia de vista pública en su contra.
Mientras que el Tribunal 5° de Sentencia le otorgó suspensión condicional de la pena a García, por tener una profesión específica y con ello se puede reinsertarse a la sociedad. Por ello ella deberá asistir a unas terapias psicológicas y tendrá que cancelarle 3 mil dólares de responsabilidad civil a Sebastiana.