Los abogados del diputado por ARENA, Norman Quijano, aseguraron que el excandidato presidencial no cometió delito y que la Fiscalía ha presentado una historia “novelesca” que inicia en el 2003 y la única participación es una reunión con pastores en un templo evangélico.

Los diputados de la comisión de antejuicio acordaron el dictamen favorable del desafuero y será sometido a votación en la plenaria de este jueves.

Uno de los abogados de Quijano, Francisco Bertrand Galindo, además de asegurar que Quijano no cometió delito, cuestionó la moralidad del testigo con el que la Fiscalía apoya el caso.

“La partición del doctor Quijano queda reducida estrictamente a una reunión, en un templo evangélico con una red de pastores y esa es toda la participación que tiene el doctor en esta gran narrativa, no manda prueba si no la declaración de un testigo criteriado con una característica moral muy deficiente”, indicó Galindo.

Dijo que pidieron la confesión del testigo y en ella el sujeto acepta haber cometido 20 asesinatos, extorsiones, secuestros y “bastante más” y señalan que recibió impunidad por la Fiscalía.

Explicó que en las transcripciones de un video que se presentó como prueba “no sucede nada ilegal”, solo se escucha hablar a Quijano de su oferta electoral para la prevención social y de reinserción de pandilleros a la sociedad.

“Hace una explicación de su campaña, no hay oferta de dinero, no hay oferta específica a los que estaban en esa reunión ni nada de eso.

Otra de las pruebas que ha utilizado el ministerio público, agregó, son videos del 2015 donde Quijano ya no era candidato.

“Las personas de ARENA en los videos no tienen relación con el doctor Quijano, lo que la Fiscalía ha querido construir es que Norman era el jefe del gran grupo de ARENA haciendo los acuerdos con las pandillas y eso no es así”, valoró.

Los $100 millones

En el dictamen presentado por la Fiscalía se habla de un ofrecimiento de $100 millones a criminales, pero Bertrand Galindo dijo que no eran de negociaciones, sino que para destinar recursos a municipios afectados por pandillas.

Según Galindo, ese dinero se proponía porque en 2014, bajo la administración del ex presidente Funes, habían quedado $100 millones sin asignar y esos fondos eran los que se pretendían destinar a las comunidades.

“En el gobierno del presidente Funes había una asignación de $100 millones que no se utilizó y en el plan de gobierno de Norman hablaba de que se iba a crear una partida para dedicar recursos a los municipios afectados por la pandilla para que estos municipios pudieran hacer trabajo de prevención social”, aseveró.