La reforma aprobada recientemente en la Asamblea que permite pagar deuda con el ahorro de los trabajadores para su pensión, ha abierto una grieta que se irá haciendo más profunda conforme vaya socavando el fondo de pensiones.

Los trabajadores que cada mes cotizan un porcentaje de su salario lo envían al fondo de pensiones para que, al cumplir la edad para jubilarse, este le sea entregado según lo prefieran: en mensualidades o en un solo pago. Mientras llega la jubilación, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) colocan el dinero de los trabajadores en inversiones para que les genere intereses y puedan tener una mejor pensión.

Sin embargo, por ley, las AFP deben comprarle al Gobierno Certificados de Inversiones Previsionales (CIP) –que son títulos valores- con ese dinero del fondo de los trabajadores. Estos CIP pagan intereses al fondo y cada tres meses el gobierno le devuelve a los trabajadores una parte de lo que les prestó más los intereses pactados.

Pero el gobierno anunció que ya no tiene dinero para pagar los CIP, por lo que, valiéndose de la nueva reforma, ha pedido que para hacer esos pagos trimestrales le vuelvan a prestar dinero de dicho fondo para poder pagar la deuda. Así paga CIP con más CIP, es decir, deuda con deuda en títulos y no en efectivo.

El principal problema es que paulatinamente los trabajadores irán entregando su ahorro a cambio de que el Estado solo les dé títulos (denominados CIP) como "una forma de pago", pero en vez de recuperar el dinero que han dado prestado en cada vencimiento, recibirán una promesa de pago a largo plazo.

A la larga, el ahorro que hacen los trabajadores será utilizado para que el gobierno pueda pagar las pensiones del ISSS y del INPEP y los intereses y el porcentaje de capital para amortizar la deuda.

Pero, ¿cuáles son las implicaciones que tiene para los trabajadores que ahorran mes a mes su pensión? ¿En qué le afecta a los pensionados actuales?

El Salvador TIMES conversó con René Novellino, presidente de Asafondos, la gremial de las AFP, quien aclaró algunos puntos relacionados con este tema:

1. Los pensionados actuales, es decir los 160,000 entre ISSS, INPEP y AFP actuales, van a seguir recibiendo su pensión. Los jubilados de hoy no tienen por qué preocuparse pues el dinero para su pensión está asegurado. Los que deben preocuparse son los que aún están cotizando.

2. El trabajador que actualmente cotiza a las AFP estará obligado por ley a darle una mayor porción de su ahorro al Estado sin garantía de que ese dinero vuelva a regresar al fondo, ya que solo habrán títulos valores que solo el Gobierno puede comprar. Si el Estado deja de tener fondos, tampoco habrá para pagar esos títulos o “papeles”.

3. Con este mecanismo se entra en una espiral de generación de deuda infinita del gobierno para con los trabajadores ya que el gobierno les pagará con “papeles”, no con dinero. La figura es la siguiente: “Yo te debo $100 y cada mes te tengo que pagar $25. Este mes no tengo para pagarte la cuota, entonces, te pido que me prestes otra vez para pagarte lo que te debo. De la misma manera haré para la próxima cuota y así para siempre. Como nunca logro pagar mi deuda inicial, siempre debo los mismos $100”.

4. Actualmente ya hay una obligación para que los cotizantes le compren con sus ahorros "papeles" al Gobierno. El Estado cada tres meses le paga un monto de capital y de interés, pero esta tasa es muy baja, oscila entre el 1.9% y el 3.5% al año. Esto ya ha impactado en las pensiones, pues una tasa muy baja en comparación a otras áreas en las que se pudiera invertir el ahorro, donde les pagan a una tasa de ganancia arriba del 6%. De hecho, cada punto porcentual se traduce en 25% más de pensión. Por lo que tener una tasa baja tiene como repercusión el pago de pensiones bajas en el futuro inmediato. 

5. De acuerdo con las estimaciones de Asafondos, por estas tasas tan bajas que paga el Gobierno por el dinero con el que le compra CIP, los trabajadores han dejado de percibir más de $2,000 millones en ganancia. Con la nueva reforma, los cotizantes tendrán nuevamente la obligación de seguirle comprando más "papeles" (CIP) al Gobierno a cambio de poca ganancia, por lo que el ahorro de los afiliados crecerá aún menos y por consiguiente las pensiones en el futuro serán más bajas.