Una demanda de inconstitucionalidad a la reforma que aprobaron ayer los diputados que permite usar el fondo de pensiones para pagar deuda fue presentada esta tarde por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ante la Sala de lo Constitucional.

El representante de asuntos legales de la gremial, Javier Argueta, presentó cuatro argumentos para sostener la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que fueron aprobadas ayer y que permiten que el Estado utilice el fondo de pensiones para pagar deuda derivada de las mismas obligaciones previsionales. 

Cada año el gobierno adquiere nueva deuda para lograr pagar las pensiones de los retirados bajo el sistema del ISSS y del INPEP, y para para ello la Ley del FOP le permite prestarle dinero a las AFP.  A cambio de eso el gobierno les entrega una especie de pagaré, que se denomina Certificados de Inversiones Previsionales (CIP). Estos tienen un periodo de vencimiento y el gobierno debe honrar esta deuda.

Históricamente, el Gobierno ha tenido que endeudarse para poder pagar a las AFP cada vez que vencen los certificados. El próximo 7 de septiembre el gobierno debía pagarle a las AFP ese dinero, que asciende a $70.5 millones, por lo que para hacerlo pidió a la Asamblea nueva deuda.

Ante la negativa de ARENA de dar los votos, puesto que se necesitan 56, el Gobierno decidió reformar la ley para que le permitiera volver a prestarles a las AFP de los fondos del ahorro de los pensionados para pagarles a ellos mismos esa deuda.

Para poner un ejemplo, es como que uno busque un prestamista y le pida $100 y le deje firmado un pagaré. Al siguiente mes usted debe honrar esa deuda más los intereses y como no tiene fondos, vuelve al mismo prestamista y le vuelve a prestar $110 para poder pagar la deuda anterior más los intereses y le deja un pagaré, pero ahora por $110.

A criterio de la gremial con esta reforma se genera un daño a la propiedad de las pensiones y se violenta el derecho que tienen los ciudadanos a su pensión. “Con esta reforma lo que se está haciendo es terminando el ahorro de pensiones. Ante la crisis que tiene el sistema de pensiones y al posible impago se decide tomar de los fondos de pensiones para pagar el fondo de pensiones”, expuso.

En este sentido, Argueta aseguró que esto violenta la Constitución por lo que pidió a la Sala de lo Constitucional que suspenda la emisión de estos certificados para pagar la misma deuda que se genera de la pensiones. Sin embargo, piden que se haga a partir de la siguiente emisión que será en marzo próximo para que no afecte el pago que se pretende hacer el próximo 7 de octubre.

"Si la Sala suspende esta emisión le echará la culpa a la Sala de lo Constitucional de caer en impago", dijo el representante legal.

Otro de los argumentos que Argueta explicó para que la reforma se considere inconstitucional es que no se respetaron los procedimientos para aprobarla, ya que fue pasada con dispensa de trámite y no fue lo suficientemente discutida.

Sin embargo, la diputada presidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña aseguró esto solo puede justificarse si es de carácter urgente. Aseguró que en este caso caer en impago fue considerado como una emergencia.