Con 78 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una reforma constitucional para declarar al agua como “bien público” y un derecho humano de todos los habitantes del país.

La reforma es específicamente a los artículos 2 y 69 de la Carta Magna.

Con la aprobación se establece que el agua es un bien al que todos deben tener acceso y obliga al Estado a crear las políticas necesarias para cumplir con lo dispuesto.

La reforma al artículo 2 reza de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.

La intención con el artículo 69 fue desarrollar acordado anteriormente: “Es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos”, agregando que “el agua constituye un bien público”.

Para que la reforma surta efecto debe ser ratificada por la legislatura 2021-2024, ya que se trata de una modificación a la Constitución.

Para Martha Batres, legisladora del partido ARENA y presidenta de la comisión de Medio Ambiente, con esto se busca que todos tenga acceso al agua y que se debería coronar con la aprobación de una ley del agua, tema que lleva años estancado en la Asamblea.

“Este es el primer paso, una buena acción que estamos dejando en esta legislatura y que esperamos que aquellos que vengamos en la próxima sea de las primeras acciones que realicemos”, dijo.

Por el FMLN, Dina Argueta expuso que la presión de diferentes organizaciones de la sociedad civil fueron uno de los factores decisivos para que, de una vez, hubiera acuerdo sobre el tema.

“Estamos dando un paso importante en cuanto a la garantía de los derechos humanos, en cuanto al fortalecimiento del sistema democrático porque estamos dotando de un nuevo derecho a la población salvadoreña”.

Esta es la segunda ocasión en que la Asamblea aprueba una reforma constitucional sobre el derecho humano al agua ya que en la legislatura 2012-2015 se hizo, pero no se ratificó.