La Asamblea inició la difusión de un comunicado en el que se pronuncian en contra de que extraditen a los militares requeridos por la justicia española, por encontrarse vinculados al asesinato de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989.

La misiva, que fue aprobada con el apoyo de todos los partidos de derecha la noche del 15 de junio, refiere que existe preocupación de parte de los legisladores por la posible violación a la Constitución de la República y a los derechos humanos de los cuatro militares privados de libertad desde febrero de este año.

El argumento que expone el legislativo es que ya hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la petición de extradición que pesaba sobre los militares de mayo de 2012. En esta se resolvió que los acusados ya habían sido juzgados y encontrados culpables en 1991. Sin embargo, 15 meses después quedaron en libertad por la aprobación de la Ley de Amnistía que perdonó todos los crímenes de guerra que ocurrieron en el país en los años ochenta.

En este sentido, la Asamblea coincide con la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) de considerar “no procedente” la extradición porque se trataría de un doble juzgamiento. En este sentido dicen: “No debe autorizarse la extradición de los militares en mención, ni continuar con la persecución, así como consideramos debe otorgarse la libertad de los militares detenidos; en razón de mantener el orden, el estado de derecho y la soberanía de la República de El Salvador”.

Asimismo condenan el asesinato: “No apoyamos que la muerte de los jesuitas sea correcta, condenamos los hechos realizados el 16 de noviembre de 1989, pero hay que respetar y sostener el estado de derecho que se rige por el sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de nuestra Constitución, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público”.

Los legisladores, además, piden a la CSJ resolver a la brevedad posible la solicitud, ya que se han excedidos los plazos procesales.