Sancionar a policías que realicen protestas en las calles, hagan marchas, impidan el tránsito, agredan a ciudadanos o que den declaraciones a la prensa, son las medidas que está estudiando la comisión de seguridad y que han sido avaladas por el Ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.

“Que bloqueen el tráfico vehicular, que agreden a los ciudadanos, que se expresen de forma amenazante e incluso con gorros pasamontañas. Eso no puede permitirse”, sentenció el ministro, al tiempo que aseguró la policía no puede estar actuando en contra a su mandato constitucional que es brindar seguridad y garantizar el orden público.

Estas declaraciones surgen luego de que el pasado 29 de agosto, supuesto policías agredieron a un equipo de prensa de canal 6, en una marcha de agentes policiales que exigían el pago de dos bonos al año por $500. El evento estuvo a punto de terminar en un enfrentamiento entre los manifestantes y agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).

Con esto en mira, tanto el Ministerio de Seguridad como los diputados están encaminados en prohibir este tipo de manifestaciones.

“Por acontecimientos como el de la última acción de protesta es urgente hacer la reforma. No podemos permitir que la disciplina de la corporación policial que está llamada a generar condiciones de seguridad y de orden se deterioren a través de manipulaciones, a través de hechos violentos que generan”, expuso el secretario de la comisión, el efemelenista Misael Mejía.

Ramírez Landaverde expuso que lo que se busca es reformar dos artículos de la Ley Disciplinaria Policial agregando dos faltas graves más. Una de ellas es que se considere como falta grave alterar el orden público mediante actos de subordinación y protesta, así como poner en riesgo la seguridad y afectar el desarrollo de las actividades de los funcionarios de Estado.

La otra reforma busca que se considere como falta grave realizar actos o declaraciones públicas en medios televisivos, radiales o impresos, indistintamente si usan uniforme o no.

Con estas prohibiciones, si un agente policial comete algunas de estas faltas se podría someter a una suspensión de su cargo de hasta 180 días o incluso la destitución.

Por su parte, el presidente de la comisión, Antonio Almendáriz, aseguró que las medidas no buscan coartar la libre expresión de los agentes policiales, pero todas esas demandas deben canalizarse por los canales adecuados.

“Ellos tienen necesidades que tienen que ser suplidas por las autoridades del mismo gobierno, pero hay formas para manifestarse. No por ser civil es sinónimo de indisciplinada”, manifestó el pecenista.

En esta misma línea, Ramírez Landaverde aseguró que en estos momentos es cuando más disciplinada debe ser la institución policial, porque no se le puede trasladar un mensaje a la población que la policía rompe sus propios mandatos de buscar la paz y mantener el orden.

“En la Policía Nacional Civil  hay oportunidad y espacio para expresar las necesidades, dirigir las reivindicaciones a las autoridades a través de los espacios que la institución ya tiene establecidos, lo que no puede permitirse es cualquier iniciativa que  lo que busque es interrumpir, obstruir o afectar el servicio que la policía brinda”, expresó.

La comisión acordó que en la próxima sesión continuarán la discusión y se ventilarán propuestas de redacción para estas reformas, sobre todo porque GANA y ARENA, temían se estuvieran violentando derechos de libertad de expresión de los agentes policiales. No obstante, en la comisión se mostraron abiertos a sumarse a las propuestas.