• Diario Digital | martes, 10 de diciembre de 2019
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Política - PLATAFORMA CIUDADANA ELECTORAL

Proponen que reos sin condena puedan votar para elecciones 2021

Agregan que si bien es cierto la Constitución plantea una figura de suspensión de derechos en caso de que una persona sea detenida y la pérdida de los mismos hasta ser condenado, “no existe una diferenciación entre la suspensión y pérdida de los derechos ciudadanos”.
El tema fue abordado el martes en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa.
El tema fue abordado el martes en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa.
Proponen que reos sin condena puedan votar para elecciones 2021

Las diferentes organizaciones sociales que conforman la Plataforma Ciudadana Electoral se presentaron a la Asamblea Legislativa para exponer una serie de reformas electorales que puedan ser implementadas en 2021, entre estas, que los reos no condenados puedan ejercer el sufragio en las próximas legislativas y municipales.

Las organizaciones plantearon que una persona a la que se le acusa de un crimen pierde sus derechos hasta que es condenado, por lo que reos que aguardan por conocer la sentencia de un tribunal tienen, constitucionalmente, el derecho de votar.

“La presunción de inocencia es un principio básico como la garantía constitucional para las personas a quienes se les impute el cometimiento de un delito, por lo que debe ser tratada como tal en todo momento. Consecuentemente, las personas privadas de libertad o en detención provisional que no se les ha probado se culpabilidad, conforme a la ley, en juicio público, deberán seguir siendo tratadas como inocentes”, es parte del planteamiento de las organizaciones.

Agregan que si bien es cierto la Constitución plantea una figura de suspensión de derechos en caso de que una persona sea detenida y la pérdida de los mismos hasta ser condenado, “no existe una diferenciación entre la suspensión y la pérdida de los derechos ciudadanos”.

También plantean que en otros países de América se permite a los privados de libertad que no han sido condenados ejercer el sufragio, como en Venezuela, Ecuador, Panamá y también en Costa Rica, que lo permite desde 1998.

“Las personas privadas de libertad que aún no han sido declarados culpables mediante una resolución judicial siguen en el ejercicio de sus derechos ciudadanos; sin embargo, no existen procedimientos que garanticen y respeten el derecho a ejercer el sufragio”, detalla parte de la propuesta.

Por lo anterior es que proponer que se utilice un proyecto piloto para que los reos no condenados puedan votar, y en caso dé buenos resultados, incorporarlo para las elecciones presidenciales de 2024.

Transparentar financiamiento de partidos

Otra de las propuestas que hacen las organizaciones sociales va encaminada a transparentar el financiamiento de los partidos políticos, ya que concluyen que el dinero que llega a los partidos afecta al sistema político en general.

“Un sistema de financiamiento de la política no regulado, sin controles y transparencia, produce efectos nocivos para la democracia, pues implica un riesgo de pérdida de independencia de las instituciones estatales, de los funcionarios electos de los partidos políticos, debido a la cooptación de la que son sujetos por los intereses de los financistas”, indicaron.

Piden a la Asamblea que aplique la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de regular el origen y destino de los fondos de los partidos, y reconocen que en los últimos años hubo avances importantes, pero solo hay regulación de partidos y no de candidatos.

“Cabe advertir que actualmente los sujetos de control solo son los partidos políticos, pese a que los candidatos reciben financiamiento… es necesario establecer parámetros legales que permitan controlar ese ámbito de la política, especialmente para prevenir el uso de los fondos con origen ilícito, de actividades como el crimen organizado”, expusieron.

En el desarrollo de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea se planteó elaborar un techo financiero para los partidos políticos, pero no se especificó una cantidad exacta. 

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