La  Asamblea Legislativa redistribuirá $2,535,900 a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las Procuradurías General y de Derechos Humanos. El dinero proviene del recorte presupuestal aplicado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De esta forma el órgano judicial percibirá el 0.13% de reducción en sus arcas para el próximo año.

Este martes, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña, presentará una propuesta en la que se verá reflejada dicha distribución para robustecer las proyecciones económicas de dichas entidades. La Fiscalía dio a conocer recientemente que ha asumido un estado de emergencia económico.

En comparación al presupuesto 2016, la CSJ tendrá una disminución de $345,539 y una erogación menor en adquisiciones de bienes y servicios, transferencias corrientes e infraestructura; cuentas que comprenden servicios  generales, servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, mobiliario, equipo y bienes inmuebles propiedad de la institución.

De acuerdo con el informe de dicha entidad, un 73.94% del presupuesto es utilizado para el pago de remuneraciones; es decir que la asignación fiscal es de $196.04 millones (disminuye un 0.17%). Esto se debe a un proceso de retiro voluntario al cual se acogerán varios empleados de este órgano de Estado.

Para la adquisición de bienes y servicios el órgano de justicia designará $42,793,300; mientras que para gastos financieros como impuestos municipales y pago de seguros hará uso de $9,500,645.

Para la cancelación de préstamos y remesas se emplearán $1,974,750 y para mobiliario y licencias $9,689,860, mientras que en infraestructura se incluyen construcciones menores, instancia de Medicina Legal regionales y otros por un estimado de $5,146,250.