El director del Programa de Litigio Estratégico de la organización CRISTOSAL, una de las que conforman la mesa contra la Impunidad, David Morales, planteó que los diputados de la República estarían cometiendo faltas éticas si aprueban la Ley de Reconciliación, que busca darle trabajo de interés público a criminales de guerra.

Morales agregó que no solo los legisladores faltarían a la ética, sino el presidente Salvador Sánchez Cerén, al sancionar una ley que “claramente no atiende los parámetros dictados” por la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando derogó la Ley de Amnistía de 1993 y mandó a los diputados a hacer otra ley.

También planteó que una de las faltas de la propuesta de los diputados es que ordena a jueces y fiscales solo a los crímenes que sean puestos en una lista que se elaborará, como máximo, en cinco meses, por lo que “le daría amnistía a todos los que queden fuera” de la misma.

Luego de finalizado el proceso de la consulta en la Asamblea. ¿Cambió algo?

En la audiencia de víctimas y representantes de víctimas solo tuvimos 20 minutos y nos autorizaron una única persona para hablar, pues hemos dejado sentado que eso no es una consulta, es una pequeña audiencia que agradecimos, pero que en modo alguno están obligados a hacer una consulta nacional con las víctimas, pueden escuchar otros actores, inclusive de la guerra, que fueron partes beligerantes, pero las víctimas, una consulta amplia es obligación escucharla, porque ese estándar le ha establecido la sentencia de la Sala de lo Constitucional y en los tratados internacionales, hemos hecho la petición que eso se realice, también hemos pedido que se abstengan de aprobar un madrugón, clásica aprobación por dispensa porque la Comisión Política está trabajando con un borrador informal.

Mucho se ha cuestionado el procedimiento porque no había un documento oficial…

Ha sido un procedimiento prácticamente opaco, con un documento que no era público y que pretendieron aprobar la plenaria pasada con un madrugón, esto realmente violenta la Constitución y el Reglamento Interno de la Asamblea, así que hemos pedido que se abstengan. Se les explicó los contenidos de nuestra propuesta, con una justicia real, que incluya aplicación de justicia ordinaria, incluso con disminución de penas a quienes colaboren. No tuvimos preguntas, lo cual me llamó la atención, porque no sé si refleja desinterés, molestia por la propuesta de las víctimas, hubo indiferencia muy grande por parte de la Comisión Política, pero espero que la razón y el derecho prevalezcan. Esperamos que en la plenaria no lleven otro intento de atropellar el proceso.

¿Será correcto que exmilitares y excomandantes involucrados en la pasada guerra legislen sobre el tema?

No es ni ético ni correcto, de hecho planteamos que eso era una violación al Reglamento de la Asamblea, los deberes éticos de los diputados, porque hay un claro conflicto. Varios diputados y además de ellos sus compañeros de partido o sus compañeros de armas, sus compañeros de carrera militar en algunos casos son beneficiarios directos de la Amnistía absoluta que fue declarada inconstitucional, por lo tanto tienen un conflicto de interés personal; nosotros, las organizaciones de derechos humanos, hemos lamentado y rechazado ante una demanda ética que presentamos por este conflicto que existía en los miembros de la comisión Ad-hoc que presidía el diputado Rodolfo Parker, el Tribunal de Ética se abstuvo de conocer, es decir; se negó a cumplir su función.

Usted dijo una vez que era impunidad institucionalizada…

Diputados con conflictos de interés que generan un documento borrador que no era proyecto de ley, probablemente con intenciones de aprobarse en un madrugón que tiene serias deficiencias de inconstitucionalidad y de violaciones a derechos humanos en su contenido, ese proyecto fue desechado y para nuestra sorpresa la Comisión Política —que podía enmendar el camino, abrir a consulta— está actuando igual que la comisión Ad-hoc: quiere apresurar, quiere aprobar en menos de un mes, mantenían en secreto el proyecto de ley y cuando se hizo público el viernes pasado encontramos que está buscando también impunidad, está dejando muchas ausencias de garantías, que está con un enfoque de proteger a los victimarios y es un fraude. Estamos viendo esta actitud, hay llamados internacionales contundentes, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el Relator de Verdad, Justicia y Reparación, Comisión Interamericana... y que la Corte Interamericana, que es un tribual al cual El Salvador está sometido, está conociendo de una solicitud de medidas de protección urgentes porque se encuentra en riesgo que esta propuesta de los diputados sea aprobado en un madrugón porque violentará gravemente el cumplimento de la sentencia en el caso de la masacre del Mozote y aledaños, así que está siguiendo el trámite y se pronunciará en las próximas horas, les hemos hecho ver a la comisión política no intentar aprobar hasta que la Corte Interamericana se pronuncie, esperemos que respeten esta normativa internacional y por supuesto la normativa constitucional.

Luego de los diputados está el caso del Presidente del país, que estuvo involucrado en la guerra… 

El conflicto de interés que podría tener el Presidente de la República es evidente y por lo tanto debería de abstenerse a pronunciarse, solo por ese hecho, pero además hemos presentado una carta pública al Presidente pidiendo que se abstenga de sancionar una ley que sea violatoria de derechos humanos y que proteja victimarios, hemos pedido audiencia y no tenemos respuesta, siendo el FMLN uno de los partidos que está apoyando esta nueva ley de impunidad y siendo el partido que oficial, nosotros expresamos la preocupación de que la Presidencia y el Presidente sean parte de este acuerdo, por eso estamos denunciando el pacto de impunidad, que involucraría a cuatro partidos, ARENA, FMLN, PDC y PCN y probablemente la Presidencia de la República en vista de que el partido que representa es uno de los impulsores de la ley de impunidad en la semana reciente. Esperamos que el presidente ejerza el veto o se abstenga de conocer porque estaría validando este atropello a las víctimas y esas decisiones solo protegerían a los criminales de guerra.

¿Cuál es su postura en torno a que la propuesta de los diputados no se tome en cuenta al documento de la Comisión de la Verdad?

En principio se está tratando que las investigaciones de la Comisión de la Verdad, cuya seriedad y metodología están fuera de dudas y al decir esto estoy utilizando consideraciones de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que así lo ha declarado en diversos informes, al hacer eso no solo están tratando de bloquear que la verdad pueda llegar a procesos judiciales, sino que también están  atentando a la independencia judicial. El informe de la Comisión de la Verdad, como cualquier otro informe público y sus archivos de respaldo por naturaleza son indicios en los procesos penales, no necesariamente pruebas, sino indicios que Fiscalía y jueces deben complementar con otro tipo de evidencias con las que deben arribar a otras pruebas sobre las responsabilidades, pero son indicios importantes. Pretender decirle a la Fiscalía y los jueces que ignore cierto tipo de indicios es evitar que hagan su trabajo, que ejerza su mandato de ley el sistema judicial, igualmente con los cinco meses para que Fiscalía elabore una lista corta y que los casos que no entren ahí son amnistiados, porque lo vinculan al artículo 16 de ellos que es el de la Amnistía, es falso que esto no sea una amnistía, realmente están amnistiando todos los casos que no entren en la lista corta de la Fiscalía, pero es una total invasión del Órgano Legislativo a la independencia judicial, pretendiendo limitar su trabajo con fines de impunidad, que los casos no lleguen, que no sean investigados o que tengan limitantes para hacerlo.

¿Qué podría pasar si esta ley se aprueba?

Si esta ley es aprobada y el Presidente no se abstiene y sanciona y se aprueba en los términos en que está el borrador, pues obviamente será insconstitucional a todas luces, nosotros activaremos los mecanismos de control a nuestro alcance, la Sala puede actuar de oficio, pero también a petición de partes, hay demandantes que promovieron la sentencia de inconstitucionalidad que pueden pedir seguimiento y, por lo tanto, los restantes afectados que representamos víctimas podemos presentar una nueva demanda de inconstitucionalidad y otros mecanismos internacionales. Lucharemos para que esta ley que violaría la Constitución no surta efectos jurídicos, pero tenemos otro, sería una ley que le ordenaría a jueces y fiscales límites de actuaciones inconstitucionales porque los jueces son independientes de cualquier otra autoridad, son garantes de tratados internacionales. Estarían pidiendo a Fiscalía y jueces que violen la constitución.