Los diputados de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa se echaron para atrás en sus intenciones de sancionar con cárcel a “trolls”: la medida que había sido abandera por las fracciones mayoritarias se quedó sin apoyo luego de un informe de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE).

En la propuesta firmada por diputados de varias fracciones se contemplaba penas de entre cuatro a ocho años a perfiles falsos, cuentas anónimas y revistas o periódicos digitales (sin responsable), que viertan información difamatoria o calumniosa. La comisión dictaminó desfavorable.

“En el contenido de la propuesta planteada no hay una racionalidad jurídico formal en virtud que podría haber contraposición de bienes jurídicos tutelados en otras leyes, desproporción de la pena en relación a los ilícitos que incorpora, se establece la misma pena a tipos penales diferentes, indefinición del tipo de acción penal”, razonaron los diputados.

Los diputados que la apoyaron argumentaron que, debido a la importancia de las redes sociales, hay una “estructura virtual que es débil” en sus regulaciones y de eso es que algunos se aprovechan para difundir contenido tergiversado.

Desde un inicio, el presidente de la República Nayib Bukele, el partido GANA, Juan José Martel del CD, y el diputado no partidario no estuvieron de acuerdo con lo que busca la propuesta porque podría limitar la libertad de expresión.

“Se advierte la posibilidad de establecer una figura de exclusión para el ejercicio de la libertad de expresión”

La comisión de Legislación y Puntos Constitucionales solicitó a la UTE su opinión al respecto de la propuesta y esta le indicó que no había un correcto uso del lenguaje desde un inicio con definición de conceptos como “perfiles falsos” y que se contemplaba delitos iguales pero con penas diferentes.

“Se advierte que el proyecto debería tener compatibilidad con la norma constitucional y con el derecho Internacional… es necesario precisar la definición de ‘perfil falso’, deben señalarse todos los medios digitales en de ve revistas y periódicos, se advierte la posibilidad de establecer una figura de exclusión de responsabilidad para quienes actúen en el ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión”, señaló la UTE.

La unidad del sector justicia consideró que el país se suscriba a tratados internacionales como el de Budapest, que establece una norma jurídica estándar para el tratamiento de los delitos que se buscaba sancionar.

También se sugirió crear una Ley de Protección de la Información, emitir un recomendable al gobierno para crear una política común para el tratamiento de estos casos.