Diputados de los dos principales partido políticos del país se mostraron en contra del freno que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). En ambos casos, coincidieron que la información debe ser proporcionada a los demandantes.

El pasado lunes los magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional admitieron dos demandas de amparo interpuestas por los 15 magistrados propietarios de la CSJ por no proporcionar la información cuya entrega fue ordena por el IAIP a finales de noviembre de 2016. 

Los casos son: una reunión entre los magistrados de la Sala de lo Constitucional con dueños y jefes de prensa de algunos medios de comunicación y una petición de entrega de las respuestas, calificación y fundamentos de las mismas del examen de notariado de 2013.

Debido al incumplimiento de la sentencia, el Instituto de Acceso a la Información inició un proceso sancionatorio en contra de los 15 magistrados propietarios por infringir el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

"Es lamentable que una instancia del Órgano Judicial y que ha venido hablando de tanta transparencia y de acceso a la información ahora cuando les toca cierren los espacios", criticó el diputado del FMLN, Calixto Mejía, quien fue más allá y señaló que los magistrados con unas resoluciones "dañan a los salvadoreños" y en otros casos se "blindan como si fueran dioses".

Mientras tanto, para ARENA, en el caso de la reunión con los medios; primero, se debe conocer: "Si fue de manera institucional, representando a la Corte, no veo razón por la cual ocultar la información; pero si fue a título personal es información privada", argumentó el diputado tricolor René Portillo Cuadra.

Sin embargo, en el caso de los resultados del examen notarial, para Cuadra "la Corte tiene la obligación de entregar las papeletas y las ponderaciones de cada pregunta".

Respuesta de CSJ

En el caso de los exámenes notariales, la Corte Suprema de Justicia, resolvió en su momento que la información solicitada no existía.

Mientras que en el caso de la reunión sostenida por los magistrados de la Sala con los representes de algunos medios de comunicación en julio de 2016, apuntaron que no existía convocatoria y se desconocía la lista de asistentes.

El IAIP inició un proceso sancionatorio por el incumplimiento a la Ley, cuya violación contempla multas; sin embargo, tras la admisión de la demanda se suspenden ambos casos hasta ser analizados.