Los diputados suplentes del partido FMLN presentaron una denuncia esta mañana en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el delito de prevaricato.

Los demandantes buscan abrir un proceso de desafuero para que los magistrados sean investigados y procesados por emitir resoluciones que contradicen la Constitución de la República.

Carlos Mario Zambrano, vocero de los 31 diputados, dijo a El Salvador Times que los cinco magistrados habrían violentado más de siete artículos de la Constitución de la República, de la Ley Procesal Penal y de la Ley Procesal Civil y Mercantil.

Según el abogado, los magistrados no tienen la facultad declarar inconstitucional la elección de los diputados suplentes en el año 2015. Además aseguran que los mismos magistrados incluyeron nuevos argumentos, a la demanda que atendían y con ello favorecieron el dictamen final.

Zambrano afirmó que "los magistrados se sacaron de la manga de la camisa la declaratoria de inconstitucionalidad de sus funciones debido a que la demanda recibida en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitaba la inconstitucionalidad de la emisión de $900 millones, que es un tema diferente".

Por otra parte los lesgisladores suplentes cuestionan el hecho de que la Sala aplique esa resolución de forma retroactiva cuando ninguna Ley puede aplicarse de esa forma y recordaron que la elección de los mismos magistrados se consolidó con los votos de algunos diputados suplentes. 

Esta no es la primera vez que se sañala a los magisrados de ese tipo de actos, en el mes de Julio el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, hizo un llamado a la Fiscalía para que investigara a los magistrados en relación al fallo que emitieron al congelar el cargo adicional del 13% a la tarifa del servicio eléctrico.

En esa ocasión, Reyes aseguró que a los magistrados “poco les importa la constitución pues son apadrinados por un grupo económico que no se resigna a haber perdido el poder”.  

El Código Penal condena este delito con prisión de entre dos y cuatro años.