Representantes de la Fiscalía se presentaron esta mañana ante las instalaciones de la Corte de Cuentas de la República (CCR) con una orden para incautar 48 expedientes de juicios de cuenta prescritos en dicha institución, los cuales han significado una pérdida de $2.2 millones al Estado.

Dicho procedimiento es parte de una investigación contra dos jueces de primera instancia, quienes -supuestamente- dejaron pasar dos años para que los casos prescribieran.

Al mismo tiempo se informó que otros dos jueces, quienes ya fallecieron, habrían participado en el caso.

El Ministerio de Obras Públicas, ANDA, la alcaldía de Santa Ana y el Hospital Rosales son algunas de las entidades señaladas a las que no se les siguió el debido proceso y cuyos juicios iniciaron entre los años 2005 y 2007.

El fiscal a cargo del caso dijo a El Salvador Times que si la institución les entrega los documentos voluntariamente, no será necesario incautarlos.

El procedimiento está a cargo de miembros de la unidad financiera de la Fiscalía, quienes señalaron que, como primera etapa, el ministerio público buscará deducir responsabilidad penal. Además indicaron que  debido a que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, no pueden proporcionar los nombres de los funcionarios involucrados en el caso.

La Corte de Cuentas actualmente se encuentra acéfala debido a un retraso de los diputados de la Asamblea Legislativa para asignar a un nuevo magistrado presidente que sustituya al destituido Jovel Valiente.