El candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, dio a conocer 10 políticas que promoverá, si es electo, para el combate a la corrupción, dentro de las que destaca que la actual Corte de Cuentas pase a una una Contraloría General de la República que sea electa por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y darle autonomía a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. 

Martínez presentó 10 políticas que promoverá en caso de ser electo y se unen a las tres medidas que anunció anteriormente: la no prescripción de delitos de corrupción, aumento de penas para los condenados y que todos los bienes de los condenados sean incautados. Todo con el objetivo de garantizarle a la población el correcto uso de los fondos públicos. 

Entre las medidas destaca que la actual Corte de Cuentas pase a ser una Contraloría que sea electa por la Asamblea Legislativa, pero con el voto de 56 diputados, es decir; con la mayoría calificada. "Esa Contraloría debe ser independiente, electa por mayoría calificada y que asuma la especialización de la función auditora de la Corte de Cuentas y separar lo jurisdiccional de lo administrativo, en este momento está junto", explicó Martínez. 

Otra de las medidas importantes es darle autonomía a la Sección de Probidad, que en este momento depende de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y evitar, dijo, lo que sucedió en gobiernos anteriores que han obligado a los encargados a renunciar cuando piden información. 

"Recordamos los años en que un funcionario, director de la Sección de Probidad pidió las cuentas privadas del expresidente Flores y otros funcionarios y fue destituido, la Sección no puede estar sujeta a eso, por lo que debemos garantizar una ley que le de autonomía, determinación y esa fuerza para realizar las investigaciones que le corresponden a la sección de Probidad", explicó. 

El resto de políticas son: Una Ley de Corrupción; que se combata el nepotismo y el tráfico de influencias; una Ley de Transparencia Fiscal de Ingresos y Gastos; impedir que se vuelva a utilizar la figura de Partida Secreta de manera desmesurada; dotar al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para que pueda imponer más sanciones; un convenio entre el gobierno y la Fiscalía General de la República (FGR) para el combate contra la corrupción. 

Así como una estrategia contra el lavado de dinero, la creación de una inspectoría adjunta Anticorrupción dentro de la Policía Nacional Civil (PNC); crear una política de cero despilfarro que busca ahorrar recursos y finalmente introducir en la currícula de educación media y superior la educación contra la corrupción.