El diputado de ARENA Juan Valiente se hizo presente este lunes en la audiencia inicial contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci, y el apoderado legal de la Asociación Infocentros, Sigfredo Figueroa, para mostrar su apoyo a los dos exfuncionarios con quienes trabajó de cerca en el proyecto en al que ahora se le señalan irregularidades.

"Trabajé muy de cerca en el proyecto de Infocentros y años después la lectura que puede hacer la Fiscalía puede ser caprichosa y arbitraria sobre hechos ocurridos en el pasado", remarcó Valiente, quien recordó que el programa de Infocentros recibió reconocimientos a nivel internacional.

Valiente también valoró dicha iniciativa que fue capitaneada por Angelucci y que logró que la población tuviera acceso a educarse en temas informáticos. "La Fiscalía ha desprestigiado todo el trabajo y reconocimiento hechos en el tema de Infocentros que fue un proyecto clave para el desarrollo del país", expresó.

El diputado tricolor explicó que su participación en el proyecto fue brindando asesoría en diferentes temas de educación y tecnología, recordando que tiene una trayectoria de 20 años en este campo. "Infocentros trabajaba de la mano con instituciones sin fines de lucro para convertirse en el eje principal para el ingreso de El Salvador en el mundo de la informática", subrayó.

"En 2003 este proyecto (Infocentros), fue galardonado por la cumbre de la sociedad de la información como un proyecto ejemplar que había ayudado a El Salvador a promover el uso de la tecnología y la información", destacó el parlamentario.

Para Valiente no existen pruebas concretas que condenen a Angelucci y Figeroa ya que aseguró que cuando el expresidente del BMI estuvo en el cargo no cobraba salario."Se va a poder demostrar que los objetivos que se buscaban con Infocentros se cumplieron a cabalidad", dijo.

"La Fiscalía trata de hacer su trabajo a cabalidad, se le ha dedicado mucho tiempo; me sorprende que el caso se esté ventilando hoy pero el fiscal general está tratando en atacar todos los flancos", destacó Valiente, a la vez que recordó que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), facultó al BMI de firmar los convenios que hoy se ponen en duda.

"La Ley LACAP señala que los convenios con instituciones privadas son permitidos cuando se demuestra que no hay instituciones públicas en el país con la capacidad de esa institución privada. Esto fue lo que ocurrió el BMI: calificó las instituciones que pudieran desarrollar el acceso a Internet en todo el país y la asociación Infocentros cumplía el requisito", puntualizó el diputado.

.