La magistrada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Liduvina Escobar, sobre quien pesa un procedimiento sancionatorio de remoción, denunció criminalización por ser considerada oposición al Gobierno.

Escobar ya había denunciado ataques de otros colegas como desacreditaciones ante el personal de la institución.

La aún magistrada indicó que ya ha presentado a la secretaría jurídica de Casa Presidencial la solicitud de nulidad absoluta del procedimiento de remoción por considerar que tiene vicios.

“El procedimiento de suspensión en mi contra es arbitrario y no es más que uno de todos los ataques que he venido recibiendo por tener una posición de contar con un ente garante del derecho de acceso a la información pública y de la transparencia en El Salvador”, dijo la funcionaria.

Señala que no hay garantías constitucionales para ejercer el cargo, después de la nueva elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general, pero que no va a renunciar.

“Hacerlo (renunciar) significaría un precedente nefasto que atenta contra el ejercicio independiente y autónomo para cualquier funcionario de una entidad de control como es el IAIP”, agregó.

Otro de los ataques que previamente había señalado es que la acusaban de filtrar información a la prensa, pero esta vez en la misiva en que se le notificaba el inicio del procedimiento para removerla le informaron que hay un aviso en su contra en Fiscalía por revelar documentos considerados secretos.

“Esto es preocupante, en un contexto donde el oficialismo controla la FGR y la Sala de lo Constitucional... y porque constituye un intento más de criminalizar a quienes el Gobierno considera oposición”, indicó.

Agregó que tomará las medidas tanto jurídicas como personales necesarias para resguardar a su familia.