A lo largo de la historia, uno de los males que se ha señalado dentro de la administración pública es el “amiguismo” y nepotismo, del cual se valen los funcionarios para contratar a personas que en muchos casos no cumplen con el perfil solicitado para el puesto.

Este problema ha sido abordado desde la Secretaría Técnica y de Planificación en el proyecto de Ley del Servicio Público que establece reformas para la depuración de los empleados públicos y sacar a “los cheros” o familiares de los funcionarios que actualmente son parte de las planillas de las diferentes instituciones del Estado.

Según lo detallado desde la Presidencia, el proyecto tiene contemplado ordenar el servicio público clasificando a los empleados, según la naturaleza, origen del nombramiento y vínculos con el Estado. Además del régimen de estabilidad que se aplica.

De igual manera, esta clasificación busca evitar fraudes de ley que se puedan realizar con contratos por servicios profesionales y cargos de confianza, que han dado paso a casos de plazas fantasmas.

Desde el Ejecutivo se señaló que actualmente se maneja a discreción de cada institución el manejo del talento humano, prevaleciendo la recomendación por encima de lo dispuesto en los procedimientos para la selección de personal.

Dicha situación provoca la baja capacidad de respuesta y la deficiencia en la ejecución de los presupuestos institucionales que se ha señalado durante muchos años.

Una nueva institución rectora del servicio público

La propuesta de ley también señala la creación de una institución rectora del servicio público, el cual estará presidido por un funcionario nombrado por el presidente de la República y que trabajará con dos representantes del órgano Legislativo, dos del Ejecutivo, dos del Judicial, uno de la Corte de Cuentas y uno elegido por los titulares de las instituciones que conforman el Ministerio Público.

En dicha comisión, también se tiene previsto contar con dos representantes del sector sindical, dos representantes de las universidades y dos representantes de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.

Dentro de esta institución, también estará una entidad dedicada a la formación de las personas servidoras públicas para generar y actualizar conocimientos, fortalecer capacidades y mejorar competencias de los funcionarios.

La principal función de esta institución será la selección y capacitación del personal a través de mecanismos que garantizan que las contrataciones y ascensos que se realicen sean por mérito y no solo por conocer a un superior.

Según lo propuesto, el diseño de selección será por etapas que iniciarán con entrevistas y pruebas, posteriormente,  se elaborarán ternas con los aspirantes mejor calificados y finalmente se establecerá un periodo de prueba.

Otro punto que señala la reforma es la mediación en los conflictos que se generen por la aplicación de la referida ley, tarea encomendada al  Tribunal de Servicio Público que tendría tres integrantes nombrados para un periodo de cinco años.

El proyecto de ley será entregado el próximo 6 de diciembre a la Asamblea Legislativa para que se inicien las discusiones pertinentes para las nuevas regulaciones que se tendrán en el sector público, cuyo universo se conforma de 178,838 personas en los tres órganos del Estado.