Con 64 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras que ese organismo declaró inconstitucional esa misma normativa. 

La propuesta se hizo por medio de una dispensa de trámite; es decir, la saltarse los mecanismos habituales y agilizar el proceso sin pasar por comisión. 

Los magistrados en cuestión son Armando Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento.

La moción del partido cian se apoya en el artículo 186 de la Carta Magna que establece que los magistrados son electos por la Asamblea y que ella misma los puede destituir. 

"Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos". 

Los dos tercios de los legisladores son la mayoría calificada, cuestión que Nuevas Ideas y el bloque de partidos tiene y rebasa. 

La Sala emitió una resolución declarando inconstitucionalidad el decreto que los remueve del cargo. 

"Declárese que la decisión de la Asamblea Legislativa... es inconstitucional en tanto viola la forma de gobierno Republicana, Democrática y representativa y el sistema político pluralista. Esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala, la cual resulta necesario para una República". 

El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) tildó como "golpe de Estado" la propuesta. 

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional de estar atentos ante un golpe de Estado que se está fraguando en la Asamblea Legislativa". 

Para Acción Ciudadana se trata de una alteración del orden constitucional y la separación de poderes. 

Consideran que si bien la Constitución establece causas específicas para la destitución se refiere a "comportamiento notoriamente viciado, incompetencia en el ejercicio del cargo o cometiendo del delito". 

"Las razones expresadas en la iniciativa de destitución muestran una mera inconformidad con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, no una causal antes mencionada". 

Posición similar que adoptó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) añadiendo que es un "golpe a la institucionalidad democrática". 

La iniciativa abarca a los magistrados suplentes José Reyes Sánchez, Jorge Quinteros, José Lobo Castelar y Sonia Cortéz de Madriz. 

La propuesta fue firmada por Callejas, así como Ana Figueroa, Cristian Guevara, Jorge Castro y Caleb Navarro. 

El decreto contempla la destitución desde este mismo primero de mayo. 

Nuevas Ideas propuso los nombres de Luis Javier Juárez Magaña, José Ángel Pérez Chacón, Héctor Nahum Martínez, Elsy Dueñas de Avilés y Óscar Alberto López Jerez.

Juárez Magaña actualmente funge como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública; Pérez Chacón es uno de los asesores jurídicos de la presidencia; mientras que Dueñas y López Jerez son magistrados de las salas de lo contencioso administrativo y civil, respectivamente.