Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) finalizan este viernes sus funciones en el periodo más polémico en la historia del Órgano Judicial. Para algunos fueron  "los 4 fantásticos", mientras que por otros "los 4 jinetes del apocalipsis".

Durante nueve años, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Florentín Meléndez, firmaron una serie de sentencias que paralizaron al país en diferentes momentos y que han valido para que tanto la derecha como la izquierda política pidieran sus cabezas.

Elegidos con la mediación del expresidente de la República, Mauricio Funes, los magistrados fueron nombrados luego de un "acuerdo sensato" que posteriormente se transformó en una lucha de poderes entre los órganos Legislativo y Judicial, el cual se ha mantenido hasta este viernes.

Tras conocer las primeras sentencias, ARENA y el FMLN conspiraron para intentar destituir a los magistrados, quienes se sentaron en el Palacio de Justicia con la consigna de no hacerle favores a los poderes políticos.

Para 2011, ARENA, GANA, PCN y PDC, intentaron modificar la ley para que las resoluciones de las salas de la CSJ fueran de manera unánime; es decir cinco de cinco.

Este escenario se dio en medio de los rumores que señalaban que  los jueces estaban trabajando en una posible derogatoria de la Ley de Amnistía.

El plan del bloque de derecha quedó en solo un intento ya que la misma Sala declaró inaplicable esta maniobra política.

Vale aclarar que la Sala de lo Constitucional está conformada por cinco magistrados, Armando Pineda Navas, presidente saliente, es el de más bajo perfil, esto en parte al tiempo que tiene en el cargo.

Para 2013, los cuatro abogados destituyeron de su cargo de presidente de la CSJ a Salomón Padilla por su vinculación al FMLN, la cual detonó en una serie de hechos históricos en la política nacional que llevaron a protestas encabezadas por diputados de la izquierda. 

Esta acción provocó el divorcio entre el Frente y la Sala, la cual desde ese.momento ha sido acusada hasta el cansancio de ser el "despacho jurídico de ARENA".

Por su parte, la derecha bajó el tono en contra de la corte constitucionalista y comenzó a predicar -como lo sigue haciendo- que toda sentencia es de obligatorio cumplimiento.

Destitución de funcionarios por afinidad política

Además de Salomón Padilla, la Sala ordenó la destitución de una gran cantidad de funcionarios elegidos por la Asamblea, el argumento en todos los casos fue la vinculación que tenían con partidos políticos, especialmente el FMLN.

También, David Mungía Payés fue destituido como ministro de Justicia por ser militar.

Mientras que Eugenio Chicas y Ulises Rivas fueron removidos del TSE y Tito Edmundo Zelada salió del Consejo Nacional de la Judicatura. Estos tres por tener vínculos con el Frente. 

Marcos Gregorio Sánchez Trejo y Félix Cantalicio Cardona Cándido en los cargos de director propietario y suplente en supuesta representación del sector privado en la Junta de Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), ya que al ser empleados de Gobierno no garantizaban representar los intereses del sector privado.

La sentencia de muerte para PDC y PCN

En 2011, los magistrados declararon inconstitucional un decreto de enero de 2005 que mantenía con vida a los de los partidos más antiguos de El Salvador, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el Partido de Conciliación Nacional (PCN) ya que no lograron alcanzar el mínimo de votos establecidos para seguir existiendo. La sentencia llegó seis años después de ocurridos los hechos. 

Pero los partidos se negaron a morir y en el 2012 se refundaron con los nombres de Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido de la Esperanza (PES) que les sirvió para competir en las elecciones de 2012.

El PDC retiró un recurso interpuesto ante la Sala de lo Contencioso para evitar cancelación y los dirigentes del PES pidieron al TSE cambiar su nombre a  Partido Democracia Cristiana (PDC). De esa forma ambos "revivieron". 

El voto cruzado: " La vergüenza del mundo"

En septiembre de 2014, la Sala pasó a la historia por haber puesto de cabeza el sistema electoral, tres meses antes de las elecciones de 2015 admitieron una demanda contra el artículo 105, inciso tres del Código Electoral, con la que que autorizaba el voto cruzado

Acción por la cual el magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, aseguró que "para algunos nos ha hecho más democráticos y no es cierto. Somos la vergüenza del mundo", aseveró. Incuso luego de las elecciones de 2018, mantiene una queja contra este sistema de votación.

A criterio de los magistrados, esta decisión ha permitido que en las elecciones de marzo de 2018 asumiera el primer diputado independiente en la historia del país.

Los $900 millones que siguen congelados

En julio de 2016, la Sala declaró inconstitucional la emisión de $900 millones en bonos que fue aprobada a pocos días de terminar la legislatura 2012-2015. Esto debido a que para esta autorización fue dada con 55 votos de los cuales 19 diputados suplentes.

Esta sentencia provocó una campaña encabezada por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en contra de los magistrados quienes eran señalados de bloquear el inicio de los programas propuestos en la campaña presidencial.

Eliminación de diputados suplentes

La resolución sobre los $900 millones también provocó que los magistrados decidieran inhabilitar a los 84 diputados suplentes, alegando que estos carecían de legitimidad popular ya que la población solo conoció los nombres de los diputados propietarios.

La sentencia provocó que para los comicios de 2018 los diputados suplentes fueran elegidos por voto directo de los ciudadanos.

Medardo González y el FMLN buscaron darle un "sacudón" a la Sala pero se quedaron solos. Los "culpables" en aquella ocasión fueron Sandra Salgado y una llamada telefónica. 

Ley de Amnistía y la "apertura de heridas del pasado"

Julio de 2016 es recordado por muchos como el mes clave de esta Sala, y es que en ese mes los magistrados también  procedieron con la derogación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, por considerar que violaba el derecho de acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales.

En esa ocasión, quienes alzaron su voz contra el tribunal fueron los partidos de derecha, el entonces presidente del partido ARENA, Jorge Velado y el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, señalaron que con la derogación se abren heridas del pasado

Los magistrados van a dejar su cargo sin que se cumpla todo lo establecido en esa sentencia, no obstante, el presidente de la República y diputados de la Asamblea se han comprometido en trabajar en una nueva Ley de Amnistía.

Esta decisión llevó a la Fiscalía a conocer peticiones para que se volvieran a llevar a tribunales casos emblemáticos como el asesinato de los jesuitas, la masacre de la Zona Rosa, y hasta el asesinato de monseñor Óscar Romero.

Los viajes del expresidente Funes

En septiembre de 2016, la Sala ordenó a la presidencia de la República publicar la lista de viajes de Funes y su entonces esposa, Vanda Pignato, durante el período en que fue presidente.

Inicialmente el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) mantuvo reserva de la información por considerar que se vulneraba la seguridad.

Unos días después, Eugenio Chicas, en ese entonces secretario de Comunicaciones de la Presidencia, y el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, aseguraron que no existían registro de algunos viajes en la administración Funes.

La discusión entre el gobierno y la Sala se mantendría por mucho tiempo, incluso se llegó a tener por incumplida dicha sentencia.

Fue la Corte de Cuentas la que entregó el reporte de los viajes, dicha información ahora pesa en el proceso penal que se ha abierto en contra de Funes.

Incostitucionalidad de presupuesto

A finales de julio del año pasado, la Sala declaró insconstitucional el presupuesto de 2017 por vulnerar los principios de equilibrio presupuestario y universalidad establecidos en los artículos 226 y 227 de la Constitución de la República. Lo que generó una polémica en el pleno Legislativo.

Entre los diputados, en ese entonces, que "cargaron" contra la Sala están Lorena Peña y Santiago Flores, ambos oficialistas. Flores fue más duro que Peña y dijo "Qué si nos sorprende la sentencia sobre el presupuesto, pues no tanto. La orden ya estaba dada. Están firmes en su plan contra el gobierno", escribió en su cuenta de twitter. 

Esta decisión ha obligado a cambiar la aritmética para la aprobación del plan financiero del Estado que pasó a requerir mayoría calificada, es decir 56 votos, garantizando que exista un acuerdo entre todas las fracciones de la Asamblea. 

Sala ordena a TSE continuar con el proceso de cancelación del CD y PSD

En la última resolución con impacto mediático, el 11 de julio la Sala ordenó al TSE continuar con el proceso de cancelación de los partidos PSD y CD por no alcanzar el umbral de votos requeridos por la Ley de Partidos Políticos (LPP).

La resolución adquirió trascendencia por la alianza que el CD había anunciado días antesentre el partido en formación Nuevas Ideas. 

Sin embargo, al CD le queda un artículo que le sirve como el último cartucho para continuar con vida, a diferencia de lo que en su momento  ocurrió con PCN y PDC.

La defensa de Juan José Martel partirá del artículo 47 de la LPP, que señala en su último inciso establece que no se pueden cancelar partidos con representación y el CD logró colocar un escaño en el salón azul.

La Sala dejó al TSE que se encargue de decidir si cancela a CD y a PSD. Será una nueva mesa de juzgadores que verifique el cumplimiento.