El sacerdote jesuita José María Tojeira ha sido muy crítico de las políticas de seguridad implementadas por los últimos gobiernos de ARENA y del FMLN, en cuanto han conllevado una fuerte dosis de represión y de abusos de autoridad, a su juicio.

Según el religioso, las medidas represivas son las más inmediatas y fáciles de aplicar, además porque generan simpatías populares en los políticos que las promueven. El enfoque debe ser, dijo, no de represión sino de investigación y profesionalizar las instituciones que velan por la seguridad, así como dar cumplimiento al mandato constitucional de rehabilitar a los reos.

Tojeira está consciente que sostener una postura contraria a la oficial implica hacerse de enemigos, pero también está claro que el camino debe ser hacia la justicia y no hacia la venganza, “como lo han estado haciendo algunos políticos que piden incluso la pena de muerte como solución a la violencia”, expresó. Uno de los más fervientes promotores de la pena capital ha sido el presidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos.

Por otra parte, el jesuita avaló también que un nuevo movimiento ciudadano de derecha pida se esclarezcan algunos crímenes cometidos durante la guerra civil, de los que acusan a funcionarios del actual gobierno, incluso al presidente Salvador Sánchez Cerén.

¿Cómo ve usted, padre, la extensión de las medidas extraordinarias por un año más? ¿Son la solución para frenar la violencia del país?

Algunas medidas son lógicas, por ejemplo las que tocan el tema de la telefonía que les prohíbe tener instalaciones en los centros penales para que no salgan llamadas delictivas, y otras medidas también son lógicas. Pero hay otras que sí son preocupantes en el ámbito de los derechos humanos.

¿Cómo cuáles?

Como las que reducen el tiempo de entrevistas de reos con abogados, dificultando el derecho a la defensa que tiene toda persona, incluso hay medidas que acaban obligando a los abogados a sacar una serie de permisos y trámites que son absurdos. Los abogados tienen que demostrar su inocencia para ejercer su profesión de defensores, como si ellos también fueran culpables por el hecho de defender a gente detenida en las cárceles donde se aplican las medidas especiales. A los abogados se les pide que presenten constancia de no tener antecedentes penales. Este tipo de medidas es una medida desproporcionada, exagerada, que limita la capacidad de defensa de las personas que tienen el derecho a ser defendidas.

Dentro de estas medidas hay otra que es icónica como la que prohíbe las visitas a los internos, pero que ha dado resultados positivos al gobierno ya que según las autoridades ha frenado las extorsiones porque impide que se filtren órdenes vandálicas desde los penales.

La Constitución dice claramente que las cárceles están para corregir y rehabilitar, crear hábitos de trabajo y rehabilitar a los presos. En esas cárceles donde hay medidas especiales no existe el proyecto de crear hábitos de trabajo. Más bien se limita el contacto que tienen con sus familias y este contacto juega un papel importante en la rehabilitación.

¿No se está cumpliendo con el mandato constitucional?

De alguna manera se está violando la Constitución de la República al impedir una rehabilitación de la persona que siempre es importante que se realice a través del contacto familiar.

Al publicar esta entrevista y luego que la gente lea su postura, muchos podrían decir que usted está a favor de los delincuentes, como ya lo han dicho en otras ocasiones, porque se habla de defender los derechos de ellos pero se olvidan los derechos de sus víctimas.

Lo que pasa es que el país tiene un déficit grave en el campo de la investigación, lo que no puede hacer uno es castigar a todos por igual, solo porque unos cometen errores, eso todos lo sabemos, que haya un abogado o dos que son personas que sirven de cadena de transmisión para delincuentes no significa que todos los abogados sean delincuentes. Poner castigos generales me parece a mí que es un error grave. Ante el delito, lo que la Constitución pide es que el delito se investigue y se lleve a juicio y que dictamine quién es culpable o inocente.

Pero en vez de hablar de ‘persecución del delito’ se prefiere hablar de ‘represión del delito’, de ser drástico, de hacer una guerra contra el delito. El propio vocabulario me parece desproporcionado ante la normativa legal existente en el país como al derecho de la gente. En las guerras siempre se cometen graves errores.

Pero la policía tiene derecho y obligación de ser represivos…

Represión es una palabra que implica utilizar violencia contra otras personas, es cierto que la policía tiene el uso de la violencia facultativo, pero tiene que ser defensiva fundamentalmente, querer avanzar agresivamente en el uso de la violencia lleva abusos a los derechos humanos.

Creo que hay que hacer una verdadera campaña de persecución del crimen. Con el delito no podemos estar de acuerdo en absoluto pero los delincuentes son personas y hay que respetar sus derechos, no son derechos a seguir delinquiendo. El Estado tiene que impedir el delito y buscar la persecución del mismo pero no a base de medidas generales sino a base de investigación, de mejorar sus mecanismos y hacer imposible la continuación del mismo.

¿Y la gente querrá justicia o querrá venganza?

Yo creo que eso es importante, todo acto de violencia injusta produce indignación y a partir de la indignación, que es positiva, hay dos movimientos distintos, uno es el movimiento de la venganza que lo que hace es crear una espiral de violencia, y otro es el movimiento de la justicia, que lo que trata es de impedir la continuación de la violencia y de darle a la víctima una oportunidad para devolverle la justicia y la dignidad. Este segundo elemento es hacia el que hay que encauzar la indignación. Lamentablemente en una sociedad como la nuestra con una institucionalidad relativamente floja, el ciudadano tiende más a pasar de la indignación a la venganza. Hay que fortalecer las instituciones para pasar de la indignación a la justicia que es el camino que debemos recorrer.

¿Cómo es el discurso de los políticos? Parece que los más populares son los que más condenan a las maras.

Yo creo que hay algunos que buscan castigos extremos como la pena de muerte en vez de buscar una eficacia institucional en la persecución del delito.

Ligado a este tema, hay un nuevo movimiento social que pide que se reabran casos de violaciones a derechos humanos cometidos por dirigentes del FMLN. ¿Cómo ve usted este movimiento?

Yo creo que toda petición de salvaguarda de los derechos humanos es importante y todo mundo tiene derecho a hacer las denuncias y a pedir justicia. Son los sistemas judiciales lo que tienen que definir qué es lo que procede y lo que no. Desde el IDHUCA hemos presentado 84 casos de violaciones a derechos humanos. Unas de ellas masacres, es decir, todos tenemos derechos y todos debemos ser escuchados. Lo más importante en esto es que hay que buscar una solución para que todos los casos sean investigados con la misma imparcialidad y con pautas de justicia que es lo que pidió la sentencia que anuló la ley de Amnistía dada el año pasado.

¿Finalmente padre, cómo avanzan las investigaciones en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas?

Hay suficientes testigos como para respaldar en muy buena parte las conclusiones de la Comisión de la Verdad en El Salvador, y hay un proceso contra el coronel (Inocente) Montano que está preso en Estados Unidos, de deportación para España y seguir ahí el juicio contra su persona. Al mismo tiempo, está la difusión roja contra una serie de militares salvadoreños que España reclama. En el caso de la difusión roja la impresión que tengo yo es que la PNC no ha hecho el esfuerzo adecuado para perseguirlos y detenerlos. En el caso de Montano entiendo que una juez decidió que debía ser deportado pero hubo una apelación y luego un cambio de jueces, así que el caso está reiniciándose de alguna manera.

¿Pudiera llegar la investigación hasta el expresidente Cristiani como se especula?

No ha sido llamado a juicio en España, ignoro si pudieran aparecer datos que llevaran a incriminarlo.