Partidos y gremiales abandonan al gobierno en su intención de recuperar cobro del 13% a la energía

Gremiales empresariales, así como las fracciones legislativas aplaudieron la decisión de la Sala de lo Constitucional de suspender la aplicación de un aumento del 13% a la tarifa eléctrica que había aprobado el gobierno a través de un decreto Ejecutivo.

El único partido que lamentó la decisión fue el FMLN y el Ejecutivo quienes dijeron que la Sala nuevamente ha tomado una decisión política que frena la posibilidad de continuar con el subsidio para más de un millón de familias.

El diputado de ARENA, David Reyes, calificó la resolución como “una excelente decisión”, al tiempo que dijo esto demuestra que el sistema de pesos y contrapesos está garantizando que no haya abusos de los funcionarios que toman decisiones más allá de lo que la ley les permite.

“Nosotros aplaudimos esa situación que creemos que es justa, es correcta y sobre todo que es apegada a derecho, porque no era correcto saltarse el procedimiento que debió haberse seguido, que debió pasar como una reforma a la ley de electricidad y no mediante un decreto Ejecutivo que se lo sacaron debajo de la manga”, sentenció.

Nosotros aplaudimos esa situación que creemos que es justa, es correcta

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, GANA también se sumó a respaldar la decisión de la Sala. El jefe de la fracción, Guadalupe Vázquez, consideró que en esta ocasión los magistrados actuaron bien y en beneficio de la población, ya que hubo un rechazo generalizado al cobro.

“Es importante que de alguna manera declara que debe de detenerse y a sabiendo que el gobierno también tiene problemas fiscales y financieros debe tomar en cuenta que la situación que vive el país y la población salvadoreña no da para más impuestos, no da para aumentar el alto costo de la vida”, manifestó.

Por otro lado, el diputado del PCN, Serafín Orantes, señaló que desde el primer momento que se dio a conocer el decreto dijeron que esto debía haber pasado por la Asamblea.

“No nos sorprende la admisión de este recurso por la Sala ya que realmente fue un procedimiento, a mi entender, que no fue el más idóneo, más apropiado y más legal. Se tiene que revisar la parte jurídica de Casa Presidencial para no cometer este tipo de errores”, recalcó.

Es lamentable la posición de la Sala porque es una demostración más de que tiene todo el interés decidido de socarle el cincho a este gobierno

 

 

 

 

 

 

 

FMLN lamenta decisión

El FMLN fue el único partido que lamentó la decisión, ya que aseguran que la decisión de la Sala es una acción política que perjudica la aplicación del subsidio a la energía eléctrica, a las familias que consumen menos de 99 kilovatios/hora. Así lo expuso la diputada Jackeline Rivera.

“Es lamentable la posición de la Sala porque es una demostración más de que tiene todo el interés decidido de socarle el cincho a este gobierno y que no tenga la posibilidad de hacer nada”, aseguró. Aunque dijo no ha sido ninguna sorpresa, ya que desde el primer momento que se presentó la demanda, por el comportamiento que ha tenido la Sala en otras ocasiones, ya se sabía cómo iba a actuar.

“Es una decisión que se venía venir, siempre que ARENA se queja siempre sale la Sala a salvarla y ARENA se venía quejando desde que el gobierno anunció el recargo en la factura. Lo lamentable es que no se piense en el impacto que vaya a tener para que el gobierno pueda cumplir con su obligación de seguir subsidiando a las familias más pobres de este país”, reprochó.

La legisladora también criticó que la admisión de la demanda haya participado el magistrado Belarmino Jaime, ya que se ha dado a conocer que la familia del magistrado ha sido de los donantes de ARENA, por lo que aseguró este debió recusarse.

“Vamos a cuestionar cuando el funcionario está vinculado a la izquierda, pero cuando el funcionario es vinculado a la derecha siempre es imparcial, eso es un precedente lamentable para la Sala, descalifica de alguna manera sus fundamentos”, argumentó.

 

Gremiales empresariales invitan al presidente a desistir de constitucionalidad

El director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta, se mostró satisfecho sobre la decisión de la Sala de admitir la demanda que esta institución ingresó, sino también por la suspensión del cobro.

“Estamos contentos con esta medida, como empresa privada y como miembros de familia. Yo invitaría a la secretaría Jurídica de la presidencia que le manifiesten al presidente, que se pueden allanar o aceptar la inconstitucional y derogar el reglamento y acá terminaría el proceso de inconstitucionalidad”, sugirió.

El especialista aseguró que el gobierno la tiene cuesta arriba para comprobar la legalidad de este recargo, ya que no se puede adicionar un cobro que no está relacionado directamente. Según la jurisprudencia, los impuestos se cargan a un servicio pero este debe ir directo al Fondo General de la Nación, no a una institución específica como lo ha planteado el Ejecutivo. Además, al demostrarse que es un impuesto, este solo puede ser aprobado por la Asamblea Legislativa y no a través de una orden Ejecutiva.

“Este monto fue disfrazado aprovechando que la Ley me permite aplicar cargos, pero tuvo una débil argumentación al decir que para inversión social y ahí encajaba una inconstitucionalidad, pero se lo agregan a una institución a la que no se le puede dar préstamos. Invitamos al presidente a desistir y que derogue el reglamento”, insistió.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, dijo respaldan la sugerencia de la ANEP al presidente, para que desista de querer comprobar la constitucionalidad del cobro.

“Nosotros siempre hemos dicho que somos muy respetuosos de los procesos legales y este es un caso que se presentó a la Corte y a ella le corresponde o le compete resolver. Ahora ha admitido el recurso y obviamente nos damos por satisfechos porque es un proceso legal que estaba pero corresponderá únicamente a la Sala de lo Constitucional determinar cuál es el resultado de este proceso”, subrayó.

Mientras tanto, el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, aseguró que como gobierno harán todo lo posible por demostrar la constitucionalidad del cobro. “Presidencia defenderá constitucionalidad de inversión social para nuevas formas de energía y subsidio al 70% familias salvadoreñas”, dijo en su cuenta de Twitter.

Asimismo, aseguró que tienen los argumentos jurídicos que serán desglosados en el informe que presentarán. “Los cargos tienen una naturaleza técnica diferente a los tributos”, argumentó en la red social.